Carta al director, Ciudadano (a)
Como ciudadano de Coyhaique y analista criminal de la Universidad Alberto Hurtado, considero necesario abrir una discusión sobre la fiscalización de la seguridad privada en nuestra Región de Aysén.
¿Estamos fiscalizando efectivamente cuando se necesita, o solamente cuando llega la mañana y ya ocurrió la tragedia?
Discotecas, pubs y centros de eventos desarrollan sus actividades principalmente durante las noches y fines de semana. Sin embargo, la comunidad desconoce el alcance de los controles nocturnos realizados por OS-10 de Carabineros. La prevención no puede limitarse a procedimientos administrativos mientras los principales escenarios de riesgo funcionan fuera del horario de oficina.
La Ley N.º 21.659 sobre Seguridad Privada y sus reglamentos, los decretos supremos N.º 208 y N.º 209, establecen obligaciones destinadas a proteger a las personas. Los eventos masivos deben contemplar las medidas de seguridad exigidas, incluyendo guardias acreditados cuando corresponda, planificación de sus funciones y condiciones adecuadas de funcionamiento.
Pero existe una pregunta todavía más importante: ¿quién controla a quienes nos controlan?
Cuando alguien vestido de negro, con radio, elementos tácticos o bastón, solicita nuestra cédula de identidad al ingresar a un establecimiento, ¿tenemos certeza de que estamos frente a un guardia acreditado? La apariencia no constituye autorización. Vestir de negro o portar implementos de seguridad no convierte automáticamente a una persona en guardia habilitado.
Preocupa también la eventual existencia de personas que realizan labores de seguridad durante los fines de semana sin acreditación, o establecimientos que operan sin contar con las autorizaciones y documentación exigibles. Especial atención merece el uso de bastones retráctiles, elementos que no pueden incorporarse libremente al servicio sin las autorizaciones correspondientes y su inclusión en la directiva de funcionamiento.
No debemos confundir la fiscalización de la seguridad privada con el control de patentes de alcoholes. Son ámbitos distintos y complementarios. Tampoco podemos ignorar las competencias de Carabineros en materias relacionadas con la Ley N.º 18.356 sobre artes marciales e implementos asociados.
Lo ocurrido en Quilantal y los recientes incidentes con armas de fuego en establecimientos nocturnos de Coyhaique deben constituir una advertencia. No podemos esperar una tragedia para preguntarnos quién estaba a cargo de la seguridad, si existían guardias acreditados o si se cumplían las condiciones exigidas.
Por ello, considero indispensable fortalecer la fiscalización nocturna de OS-10 en Coyhaique y las demás comunas de Aysén, especialmente en establecimientos nocturnos y eventos masivos.
La seguridad privada no puede ser una actividad improvisada ni basada únicamente en la apariencia. La ciudadanía merece seguridad, legalidad y garantías.
La pregunta es sencilla: ¿fiscalizamos cuando realmente se necesita, o solamente cuando llega la mañana y ya ocurrió la tragedia?























