Columnista, Colaborador 
El proyecto que obliga a jardines infantiles, escuelas, liceos, hospitales, CESFAM y servicios de urgencia a entregar información de personas migrantes a solicitud de la autoridad migratoria no es simplemente una medida administrativa. Es algo mucho más grave: la transformación de instituciones civiles en mecanismos de delación del Estado.
Hay momentos en que una sociedad cruza líneas que después resultan difíciles de deshacer. No porque ocurran grandes quiebres de un día para otro, sino porque lentamente comenzamos a aceptar como normales prácticas que hace poco nos parecían moralmente inaceptables.
Eso está ocurriendo hoy en Chile. Ya vemos cómo la autoridad defiende y justifica este proyecto de ley y cómo una parte de la ciudadanía lo apoya mientras otra guarda silencio.
Cuando un Estado comienza a utilizar escuelas, centros de salud y hospitales para identificar personas perseguidas por la autoridad, el problema deja de ser migratorio. Se convierte en un problema ético que pone los intereses políticos por sobre la humanidad.
La historia enseña que los sistemas de discriminación no comienzan con violencia masiva ni con imágenes extremas. Comienzan mucho antes: con registros, identificación, segregación administrativa y funcionarios convencidos de que "solo cumplen órdenes" o "solo aplican la ley". Hannah Arendt, al estudiar el funcionamiento de los regímenes totalitarios, advirtió que "la esencia de toda burocracia es transformar a las personas en simples engranajes de una maquinaria administrativa".
En la Alemania nazi, antes de los campos de exterminio, existieron censos, registros, formularios y normas que obligaban a identificar a los judíos y excluirlos progresivamente de la vida pública. Miles de personas participaron burocráticamente del sistema sin tocar jamás un arma. Profesores, funcionarios municipales, administrativos, policías y médicos fueron piezas necesarias para convertir la discriminación en política de Estado.
En distintos momentos de la historia, también en Estados Unidos, la persecución de minorías necesitó que escuelas, servicios públicos y policías locales colaborarán con las autoridades. Y en territorios palestinos ocupados por Israel, el Estado utiliza mecanismos de castigo colectivo y demolición de viviendas familiares para presionar a comunidades enteras a colaborar y delatar a sus propios conciudadanos.
Siempre el patrón es parecido: primero se identifica, después se registra, luego se obliga a colaborar, y finalmente se castiga a quien protege o guarda silencio.
Por eso resulta tan grave normalizar la delación.
Porque la convivencia comienza a degradarse cuando el Estado transforma a educadoras, médicos, profesores o trabajadores sociales en delatores bajo el pretexto de convertirlos en auxiliares de persecución estatal y estos aceptan sin cuestionamientos e incluso celebran el rol que se les ha asignado.
Hay quienes creen que esto solo afecta a migrantes. Se equivocan. Cuando las instituciones pierden sus límites éticos, nadie queda completamente protegido. Hoy son extranjeros pobres y vulnerables. Mañana puede ser cualquier grupo que el poder político considere amenaza, incómodo o indeseable.
La lógica siempre es la misma: el miedo justifica excepciones y las excepciones terminan destruyendo principios fundamentales.
El problema nunca es solo la ley. El problema es en qué nos convierte como sociedad.
Porque el día en que una escuela deja de proteger y comienza a delatar, algo esencial de la convivencia democrática empieza a desaparecer: la humanidad.
