Las recientes renuncias de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y del jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, no son simples movimientos en el tablero de La Moneda. Son, más bien, síntomas evidentes de la debilidad que enfrenta el gobierno en su último año de mandato.

El caso de Maya Fernández, envuelta en la controversia por la fallida compra de la casa de su abuelo, Salvador Allende, puso en duda, una vez más, la capacidad del Ejecutivo para anticipar y gestionar crisis. No se trata solo de un error administrativo, sino de una falta de previsión política que terminó por abrir un flanco de críticas desde la oposición e incluso dentro del propio oficialismo. Más grave aún es el hecho de que se advirtió al gobierno sobre la inconstitucionalidad del acto jurídico, ya que la Constitución prohíbe que los ministros celebren contratos con el Estado. A pesar de estas alertas, la operación siguió adelante hasta que la presión política obligó a frenarla. La dimisión de Fernández busca eludir una acusación constitucional en su contra, pero deja la sensación de un gobierno que solo actúa cuando el daño ya está hecho.

Por otro lado, la salida de Miguel Crispi representa un golpe al círculo más cercano del presidente Boric. Como uno de los referentes e intelectuales más importantes del Frente Amplio y pieza clave en la administración de Boric, su renuncia en medio del caso Convenios y su rol en el caso Monsalve y las tensiones con la oposición evidencian el desgaste del gobierno y la dificultad de sostener personeros claves para Boric, no solo en lo político sino también en lo personal. En efecto, las actuaciones de Crispi, como jefe de asesores de La Moneda terminó aumentando aún más la percepción de opacidad en el manejo de crisis políticas, bastante comunes en esta administración. La renuncia obligada  de Crispi ha terminado debilitando aún más la estructura interna del Ejecutivo.

Estas renuncias, además, resultan tardías. La ciudadanía esperaba una actitud más proactiva del gobierno para enfrentar los escándalos y no la adopción de decisiones forzadas por la presión mediática y política. La demora en tomar medidas solo refuerza la imagen de un Ejecutivo reactivo, que espera a que las crisis adquieran una gran magnitud antes de actuar y resolver.

A medida que se acerca el final del mandato de Gabriel Boric, la administración enfrenta desafíos crecientes para mantener su cohesión y credibilidad. La oposición, liderada por figuras como Matthei, Kast o Kayser, sin duda buscarán sacar rédito de estos episodios y así tratar de instalar la idea de un gobierno sin rumbo, incapaz de gestionar sus propias crisis.

La pregunta que surge es si el oficialismo logrará recomponer su imagen y terminar el mandato con un mínimo de estabilidad o si estas renuncias son solo el preludio de un último año marcado por la descomposición del proyecto político de Boric. Lo cierto es que, con cada baja en su equipo, el gobierno da señales de una fragilidad que ya no puede ocultar y con ello de una incapacidad política que se explica en la falta de experiencia y sapiencia, factores esenciales para conducir los destinos del país.