Cuando hablamos del campo solemos pensar en el lugar donde se producen nuestros alimentos. En Aysén, principalmente a través de la ganadería, pero también mediante la incorporación creciente de otros rubros productivos. Sin embargo, el campo es mucho más que eso. Es también el lugar donde se conservan nuestras tradiciones, nuestra cultura y una forma de vida que forma parte de la identidad de nuestra región.

Pero hay una dimensión del mundo rural de la que hablamos mucho menos, su importancia estratégica para la soberanía nacional.

Durante estos días hemos visto declaraciones de autoridades argentinas que cuestionan o ponen en duda elementos de los tratados internacionales que reconocen la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes. No son asuntos menores. Se suman a una historia en la que, producto muchas veces de la desidia o falta de visión del Estado chileno, nuestro país ha terminado perdiendo miles de hectáreas de territorio patagónico. Una historia que incluso cobró la vida del mártir de Carabineros Hernán Merino Correa.

A ello se agrega una información que debiera preocuparnos especialmente: versiones sobre la adquisición de terrenos fronterizos en la Patagonia por parte de grupos vinculados al crimen organizado. Más allá de la necesaria investigación y comprobación de estos hechos, la sola posibilidad obliga a preguntarnos si estamos mirando nuestras fronteras con la atención que merecen.

Y aquí es donde Aysén tiene mucho que decir.

En nuestra región existen familias que durante generaciones han vivido y trabajado en sectores fronterizos. Son verdaderos habitantes permanentes de territorios que, muchas veces, presentan enormes dificultades productivas, climáticas y de conectividad. Cada año, cuando las condiciones ambientales se vuelven extremas, el Estado debe acudir en su apoyo a través del Ministerio de Agricultura, el Gobierno Regional y otras instituciones.

Pero quizás debemos comenzar a mirar este problema de otra manera.

¿No será momento de entender que apoyar a estas familias no es solamente una política de fomento productivo o de emergencia agrícola? ¿No debiera ser también una política de Estado orientada a fortalecer nuestra soberanía?

Ministerios como Defensa, Interior y Hacienda, junto con la Dirección de Fronteras y Límites, debieran involucrarse activamente en una estrategia que permita que las familias que habitan nuestras zonas fronterizas puedan permanecer, producir y desarrollarse en ellas.

Esto no significa militarizar la frontera ni convertir a nuestros agricultores en funcionarios del Estado. Significa reconocer una realidad: una familia chilena que vive, trabaja y desarrolla su proyecto de vida en un territorio fronterizo constituye una presencia efectiva del país en ese territorio.

La soberanía no se sostiene únicamente con mapas, tratados o declaraciones. También se construye con caminos, conectividad, servicios, seguridad, infraestructura y oportunidades para quienes decidieron permanecer allí.

Porque en la Patagonia, ocupar efectivamente el territorio es quizás la señal más concreta de soberanía.

Y si queremos cuidar nuestra frontera, debemos comenzar por cuidar a quienes la habitan.