A casi tres décadas de aquel fatídico 12 de marzo de 1997, cuando el cuerpo de Víctor Hugo Barría Mardones apareció en las gélidas aguas del río Aysén, nuestra región sigue habitando un luto suspendido. Lo que comenzó como una tragedia aislada se transformó en el "Caso Aysén", un puzzle policial y social que involucró la muerte de doce jóvenes en circunstancias que, hasta hoy, desafían la lógica y la dignidad de las familias patagonas. Como ciudadanos, nos preguntamos: ¿dónde está la justicia que se nos prometió y por qué la reparación parece un concepto tan ajeno a nuestra geografía?.

El pasado nos devuelve imágenes de una negligencia institucional sistemática. Mientras las familias sostenían con certeza que sus hijos habían sido víctimas de tortura y asesinato —apuntando a una red de poder y narcotráfico denominada "Los Intocables"—, la justicia oficial se apresuraba a cerrar expedientes bajo la etiqueta del suicidio. Resulta imposible olvidar la teoría de la "atracción fatal" del Puente Presidente Ibáñez, esgrimida por autoridades para explicar por qué tantos jóvenes decidían, supuestamente, lanzarse al vacío. Esa misma justicia estuvo representada por figuras como el juez Carlos Klapp, cuya conducta personal y cercanía con centros de prostitución y drogas socavó cualquier atisbo de imparcialidad en los procesos.

El Caso Aysén es, en esencia, la historia de una discriminación territorial. La desidia del poder central quedó grabada a fuego cuando, durante el gobierno de Ricardo Lagos, en lugar de recibir a las familias de las víctimas, la oficina de la Primera Dama ofreció tres tortas como gesto de "ayuda" para pasar la Navidad. Ese desprecio no solo fue una ofensa a los deudos de Roberto Lagos, Paulina Gómez, Víctor Fabián Díaz o Mario Lepio, sino a toda una región que se siente, hasta hoy, "trizada por la geografía" e ignorada por el norte.

¿Dónde estamos ahora? A 29 años del primer caso, el panorama de la justicia no es más alentador. A pesar de los esfuerzos ciudadanos, como la formación de la Agrupación de Familiares y Amigos de las Víctimas, la sensación de impunidad persiste. Los intentos por reabrir causas mediante nuevas tecnologías forenses han chocado con la degradación del tiempo y la falta de voluntad política. Peor aún, Aysén sigue siendo un escenario donde el "crimen perfecto" parece posible, con nuevos casos de mujeres asesinadas o desaparecidas que repiten el patrón de investigaciones inconclusas y silencio oficial.

Hoy, el memorial a orillas del río no debe ser solo un lugar de oración, sino un recordatorio de nuestra exigencia de verdad. No habrá reparación real mientras persista la sospecha de que en Aysén "el que no tiene plata y no tiene coima con la justicia siempre es pisoteado". La ciudadanía no olvida que estos jóvenes tenían planes, sueños de estudio y deseos de vivir que fueron truncados.