Vivimos tiempos de mucha incertidumbre en diversos ámbitos y en la esfera pública, esto parece tener mayor impacto al desatar preocupación, interés o molestia. En esta línea, la corrupción, fenómeno que antes parecía mucho más lejano, ahora parece estar más visible y, lamentablemente, más cercano.

En nuestro rol de investigar y perseguir penalmente, como Ministerio Público debemos apegar nuestras funciones al principio de objetividad y actuar con probidad. Este último concepto se origina en la palabra probo, adjetivo que alude a una persona honrada o íntegra. 

Ojalá este término estuviera presente, de manera permanente, en cada una de las decisiones o actuaciones que realizan a diario miles de funcionarios públicos en nuestro país. Así, no solo se evitaría la comisión de delitos que socavan las arcas del Fisco, que son las conductas más graves, sino también lograríamos fomentar una sociedad con principios más elevados. Una comunidad en mayor equilibrio y menor tensión social. Un país más justo y equitativo para todas y todos.  

Sobre este punto, la probidad en el ámbito laboral debiera motivar a las y los funcionarios del Estado a desplegar una conducta íntegra. En este sentido, la Ley 20.880 regula tanto el principio de probidad en el ejercicio de la función pública como la prevención y sanción de conflictos de intereses.

Este texto legal define al principio de probidad en la función pública como observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. 

Conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo, pareciera ser un desafío permanente para quienes cumplen labores públicas. Por lo mismo, considero importante plantear estos temas y volver a remarcar la relevancia de la probidad, no como un concepto teórico, alejado de la realidad o que sirve para otros, sino para aplicarlo en nuestra vida cotidiana como servidores públicos.  

Tal como lo señalé al momento de postular al cargo de Fiscal Regional, el foco de nuestra atención como Ministerio Público estará en el combate contra la corrupción, tanto externa como interna, la que será perseguida en forma implacable. 

En relación con esta última, siempre he sostenido que el estándar de probidad exigible a cualquier fiscal o funcionario del Ministerio Público es más elevado atendida las funciones que por mandato constitucional y legales nos corresponden, que son precisamente aquellas vinculadas con la investigación y persecución de delitos.

Nada erosiona más la confianza ciudadana que la corrupción. Soy un convencido de que toda medida tendiente a prevenir la corrupción en las instituciones y servicios públicos - promoviendo una cultura de probidad, integridad y rectitud en la función pública -, redundará directamente en el restablecimiento de la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en nuestra institucionalidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho.

Solo un actuar íntegro frente a las decisiones diarias que nos toca enfrentar, nos permitirá un mayor desarrollo como país, como región, como ciudad y volver a nuestra casa con la frente en alto y mirar en paz nuestras acciones frente al espejo de la vida.