De manera unánime, Gobierno y Oposición sostienen que en Aysén se requiere un Estado más presente que entienda que acá la rentabilidad debe tener otro enfoque, y que la infraestructura habilitante que tanto necesitamos para generar desarrollo, no puede seguir esperando décadas y décadas. 

Una máxima relevante para poder planificar con más certezas el futuro del territorio considerando las brechas que hoy dificultan nuestro desarrollo. Lo hemos señalando en reiteradas oportunidades, Puerto Chacabuco requiere ser modernizado, ampliado, se necesitan más y mejores caminos, logística, conectividad digital de mejor estándar, pavimentar más Carretera Austral y calles de las principales ciudades de la región, y muchas otras necesidades que, si no están a nuestro alcance, simplemente seguirán condicionando el progreso de Aysén y sus habitantes.

El Plan de Zonas Extremas genera por cierto una mayor seguridad y continuidad en la inversión pública dirigida a superar esas brechas, pero también instala una mirada más permanente, una política de Estado, capaz de reconocer los problemas estructurales que frenan nuestros anhelos de progreso.

Por eso es que todos y todas, incluidos los medios de comunicación, debemos sumarnos a un gran objetivo regional que permita desarrollar efectivamente este territorio austral y dejar de ser una zona olvidada, rezagada y complicada para los gobiernos. Hemos señalado reiteradamente que la búsqueda de consensos es una acción que nos convoca sin exclusión ni sesgos y comenzar a construir una mejor región, es un propósito urgente que no tiene domicilio ideológico, al contrario, es una meta colectiva transversal y que trasciende a los gobiernos.

Porque los desafíos son diversos y algunos muy ambiciosos, pero para cualquier sociedad democrática tener objetivos claros es un incentivo para sumarse al trabajo que demanda el poder conseguir esas metas. Y así lo debe entender también el gobierno y no ver fantasmas donde no los hay.

Y no solo el gobierno y la clase política tienen la responsabilidad de trabajar para lograr una mejor región y más desarrollo. También hay una cuota relevante de responsabilidad en la labor legislativa.  Requerimos una institucionalidad pública y una convicción del mundo privado que se pueda hacer cargo de las necesidades más urgentes, pero también de sostener los cambios que los ciudadanos/as demandan en todo ámbito. 

Porque más allá de cualquier duda, la colaboración público-privada es claramente una alianza fundamental para despegar, para reactivar y para asumir los nuevos desafíos con la fuerza y la convicción que un propósito como este requiere.