La muerte de Héctor Guerrero, conocido como "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua, fue celebrada por gobiernos y autoridades.

Provocó alivio y apoyo de millones de ciudadanos al ver aplicada la Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente. Comprendo y empatizo con ese sentimiento ciudadano, pero me genera contradicción y precisamente por eso me motiva escribir esta columna.

Estamos hablando de una organización criminal responsable de secuestros, asesinatos, extorsiones, narcotráfico y trata de personas en América Latina y Norteamérica.

Precisamente por eso corresponde formular una pregunta incómoda.

Si las autoridades conocían el lugar donde se encontraba Niño Guerrero y tenían capacidad para destruirlo, ¿por qué no intentaron capturarlo y someterlo a juicio?

Muchos responderán que era más fácil matarlo. Probablemente tengan razón.

Pero el Estado de Derecho no fue construido para hacer lo que resulta más fácil. Fue construido precisamente para poner límites al poder cuando hacer lo correcto se vuelve más difícil.

El debido proceso existe para proteger a la sociedad de la arbitrariedad. Porque cuando la autoridad en el poder decide quién merece vivir o morir sin pasar por los tribunales, deja de actuar bajo la lógica de la justicia y comienza a actuar bajo la lógica de la fuerza.

Algunos consideran que eso demuestra fortaleza. Estoy convencido de que demuestra debilidad porque cuando la fuerza reemplaza a la justicia, cada vez se requiere más fuerza, más arbitrariedad y más autoritarismo. Se entra en espiral de violencia del que es muy difícil salir.

Cuando una democracia deja de confiar en el Estado de Derecho, es decir, en sus jueces, fiscales, policías y cárceles para enfrentar a sus peores y más sanguinarios enemigos, el problema ya no es solo el crimen organizado. El problema es que comienza a perder confianza en sí misma y en lo que es capaz de lograr. Es la desesperanza adquirida.

La historia enseña que las transgresiones al Estado de Derecho rara vez aparecen de una sola vez. Primero se suspenden garantías para los criminales más peligrosos. Después para los sospechosos. Más tarde para quienes resultan incómodos al poder.

Siempre existe una buena razón para justificar el siguiente paso autoritario.

Además, los muertos no hablan. Con Niño Guerrero desaparecieron también posibles respuestas sobre redes de corrupción, financiamiento y protección política. Un cadáver elimina a un delincuente. Un juicio puede ayudar a desmantelar una organización completa. Quizás nunca sabremos quiénes tenían más que perder con un Niño Guerrero declarando ante un tribunal de justicia.

Afortunadamente existe otro camino. Varios de los principales lugartenientes del Tren de Aragua han sido capturados y enfrentan procesos judiciales en Chile y otros países. Esa es la respuesta que fortalece al Estado de Derecho: capturar, investigar, juzgar y condenar.

La mayor victoria del crimen organizado no es controlar territorios ni sembrar miedo. Su mayor victoria es cultural y política y ocurre cuando logra que las democracias abandonen sus propios principios y que el Estado de Derecho sea visto como un obstáculo para una sana convivencia.