Hubo un tiempo en que la política tenía un límite invisible: la vergüenza.

No era una norma escrita. Era un estándar. Bastaba cruzarlo para que se activara el reproche público, mediático y político. Ese límite no garantizaba virtudes, pero sí contenía excesos.

Hoy ese límite desapareció. Y lo más inquietante es la falta de reacción de las élites.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, figuró en el informe de deudores morosos del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), elaborado por el Consejo de Rectores de Universidades de Chile. No es un detalle administrativo. Es una obligación vinculada a recursos públicos que miles de estudiantes sí cumplen, muchas veces con dificultad.

La situación se regularizó inmediatamente antes de que el caso se hiciera público. ¿Consecuencias? Un par de titulares. Un breve murmullo. Y luego, silencio.

Hace algunos años, una autoridad enfrentó un escándalo político por usar un vehículo fiscal para fines personales. Era discutible, sí. Pero bastó para instalar un debate nacional y afectar gravemente su carrera. También vimos polémicas por viáticos mal rendidos, pasajes en clase ejecutiva o gastos institucionales cuestionados. Episodios menores, muchas veces más simbólicos que sustantivos, que antes ocupaban portadas, generaban comisiones investigadoras y obligaban a dar explicaciones públicas.

Hoy, hechos infinitamente más graves pasan casi inadvertidos.

Algo cambió. Y no para mejor. No porque los hechos sean menos relevantes. Sino porque estamos saturados. Consumimos escándalos como contenido. La política se volvió una secuencia infinita de episodios que se reemplazan unos a otros sin dejar huella.

La indignación dejó de ser un punto de quiebre. Se transformó en rutina. En contenido. En ruido. Cuando todo escandaliza, nada escandaliza.

Pero en el caso del Fiscal Nacional hay algo más profundo. ¿Quién lo interpela de verdad? ¿Quién se atreve a hacerlo? No es solo indiferencia. Es cálculo. Porque quien tiene el poder de investigar también tiene el poder de incomodar. Y en ese equilibrio silencioso, la crítica no desaparece por casualidad.

Y cuando alguien rompe ese equilibrio, el costo es alto. Los pocos que se atreven a denunciar públicamente son rápidamente etiquetados como disruptivos, incómodos, "fuera de código". No es difícil reconocerlos: hay un par en el Congreso que conocen bien ese aislamiento.

Así, la élite deja de fiscalizarse a sí misma. Y cuando eso ocurre, el estándar ya no baja por accidente. Baja por diseño. El problema no es la falta de información. Es la pérdida de consecuencias.

Mientras tanto, la ciudadanía observa. Observa que las reglas no operan igual para todos. Observa que lo que antes era escándalo hoy es anécdota. Observa que el sistema se protege.

Y acumula.

Acumula desconfianza, distancia y una sensación cada vez más extendida: que hay dos países conviviendo en uno solo. Uno donde las faltas tienen consecuencias. Y otro donde las élites viven en un espacio en que las faltas, y también los delitos, se administran y se transan silencios.

Las redes sociales rompen ese cerco. Ahí la indignación no se archiva, se acumula. Ahí la memoria es eterna. Pero las élites no lo ven y siguen viviendo como lo hizo la orquesta del Titanic.

Pero cuidado. La historia reciente ya mostró lo que ocurre cuando las élites dejan de percibir el malestar. Cuando confunden silencio con aceptación o adhesión. Cuando creen que el desgaste no tiene costo. Chile ya vivió ese momento. Y las élites no lo vieron venir.

Hoy, otra vez, la señal es la misma: arriba, nada sorprende. Abajo, todo se acumula.

La pregunta no es si esto tendrá consecuencias. Es cuándo las élites volverán a decir que no lo vieron venir.