Coyhaique-. El catastro de Unidades Fiscalizables de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) consigna que existen cerca de 60 parcelaciones de gran escala que pueden estar generando impactos ambientales sin que el organismo haya realizado aún el correspondiente Informe de Fiscalización Ambiental, que permita dilucidar sus efectos en el territorio y las comunidades.

Muchos de éstos registros se originan en denuncias que se arrastran desde el año 2021, al menos, demora que contrasta con la urgencia que ha tenido esta materia tanto a nivel regional como nacional.

En esta situación se encuentran varios mega loteos sobre los cuales existe información pública, pero sin embargo para la institucionalidad ambiental es como que no existieran.  A nivel regional la Superintendencia del Medio Ambiente es conducida por Oscar Leal Sandoval.

"La fiscalización ambiental es sumamente importante y requiere que ésta sea hecha en forma atingente, oportuna, y correcta.  Correspondería que funcionarios del servicio estén en terreno, constatando in situ los posibles impactos denunciados, cuestión que hoy en día nuestra institucionalidad no está logrando, desencadenando un retroceso en la prevención de impactos ambientales" señaló al respecto Sofía Barrera de ONG FIMA, organización nacional que ha seguido de cerca el tema con agrupaciones socioambientales de Aysén.

Pero el ámbito de las parcelaciones no es el único en que la SMA actúa con omisión.  También en el sector de la minería, ha sido escaso el avance ante requerimientos concretos.

El 10 de agosto de 2021 se interpuso en contra de Minera Equus Chile Limitada (controlada por Equus Mining) una denuncia por la ejecución ilegal, por eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de más de 50 plataformas de prospección en el sector Cerro Bayo al interior del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad "Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara", considerado para efectos de la legislación ambiental área puesta bajo protección oficial.  La Compañía Minera Cerro Bayo fue adquirida por Equus Mining a Mandalay Resources a fines de 2021.

Tras más de un año sin tener noticias del requerimiento, en noviembre de 2022 se solicitó resolver al respecto.  La SMA respondió en diciembre que se levantó un Informe de Fiscalización Ambiental que fue derivado a la División Jurídica "para su evaluación y acciones que correspondan".  Hasta hoy no se ha tenido noticias de lo resuelto.

En una acción similar, desde fines de 2018 se viene solicitando a la SMA sanciones a Southern Gold (ligada también a Equus Mining) por otro proyecto: Los Domos, cuyos titulares presionaron -exitosamente- para que su concesión minera quedara fuera del actual Parque Nacional Patagonia.   

Transcurridos ya cinco años desde las primeras denuncias, el organismo sistemáticamente se ha negado a sancionar a la empresa por más de 20 faenas de exploración realizadas en forma ilegal.  Incluso, le ha otorgado la posibilidad de evaluar ex post estas intervenciones. Fue en este contexto que en octubre de 2022 la minera ingresó su proyecto de "regularización de prospecciones", el cual sin embargo no fue admitido a tramitación por no presentar "los contenidos comunes y mínimos de las declaraciones de impacto ambiental".

Las organizaciones han insistido en que, independiente de la evaluación de obras consumadas, se debe sancionar a la empresa por ejecutar un proyecto sin autorización e, incluso, por no cumplir el plazo inicial que se le impuso para someterse al SEIA.  Sólo tras esta falta, el 18 de enero de 2023 la SMA decidió "derivar los antecedentes asociados al proyecto al Departamento de Sanción y Cumplimiento, para que actúe en atención a sus atribuciones respecto a la hipótesis de elusión al SEIA".  Pero, hasta la fecha tampoco se ha tenido información alguna sobre lo decidido.

En paralelo, gracias a diversas acciones ciudadanas, ya pesa una resolución que prohíbe a la empresa realizar nuevas prospecciones mientras no se someta al SEIA.

En el caso de la central hidroeléctrica Los Maquis, fue gracias a las acciones ciudadanas ante el Tribunal Ambiental de Valdivia -desestimadas sistemáticamente por la SMA- que se logró que Edelaysén se someta a evaluación ambiental.   Proyecto al que hace un par de semanas se le dio término anticipado por no contener contenidos esenciales para ser analizado.

A pesar de este logro, desde inicios de 2020, al menos, se está solicitando que la Superintendencia del Medio Ambiente inicie un proceso sancionatorio contra la empresa, por eludir el SEIA.

En sentencia del 31 de enero de 2023, el Tribunal Ambiental acogió el reclamo interpuesto por las organizaciones regionales en contra del acto administrativo de la SMA en que rechazó iniciar este procedimiento, requiriéndole dictar una nueva resolución que se haga cargo de la grave infracción cometida por Edelaysén.

Y, por último, pese a que en 2018 se sancionó a la ex Minera El Toqui al pago de una multa de más de 1.200 millones de pesos, a la fecha se encuentra incumplida la remediación ambiental de la zona afectada por la modificación ilegal de dicho proyecto (Confluencia) de almacenamiento de relaves mineros.  Todo esto, favorecido porque la SMA mantiene sin tramitación el procedimiento de Requerimiento de Ingreso al SEIA desde febrero del año 2021.

"Todos estos procedimientos que no avanzan, además de un  inaceptable incumplimiento de la superintendencia a sus deberes y funciones, se traducen en la falta de adopción de medidas adecuadas respecto de graves impactos socioambientales que estos proyectos han causado y continúan generando en los territorios intervenidos" señaló al respecto Erwin Sandoval Gallardo, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, organización regional que ha sido parte de las acciones legales y administrativas.

"Por ejemplo, continúan sin adoptarse medidas idóneas para resolver los impactos de más de 18 kilómetros de caminos al interior de un área bajo protección oficial, en el caso del proyecto Los Domos y la comunidad de Alto Mañihuales sigue viviendo al lado de un tranque de relaves que ha contaminado suelo, agua y ganado hasta el sector de Lago Norte. La SMA no puede continuar con este negligente actuar que se traduce en deterioro ambiental y afectación a la calidad de vida y salud de los habitantes de comunidades locales" puntualizó el dirigente.