Peter Hartmann, Coordinador Coalición Ciudadana por Aisén Reserva de Vida Nefastas nos parecieron las opiniones vertidas por el Gobernador Regional en una columna de Canal Sur Patagonia y que vimos reproducidas, "desinteresadamente", por InfoSalmón el 2 de marzo. Ahí el Gobernador Santana se refiere al reclamo del CEO de Cooke, A. Parodi, en carta al El Mercurio sobre las medidas de la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, paralizando el aumento de densidad en su centro Huillines 3 ubicado en el Parque Nacional Laguna San Rafael y dice: "resulta incomprensible que proyectos con todos sus permisos en regla sean rechazados por visiones ideológicas que poco aportan a la reactivación económica del país".
Y continua "no buscamos depredación en la industria del salmón, sino un estándar claro que brinde certezas a los inversionistas y garantice un equilibrio entre desarrollo y protección ambiental".
La verdad, es que al pasar los días, también encontramos esas opiniones bastante desubicadas e irresponsables. Es más, incoherentes con su discurso previo en cuanto a emplazar a la salmonicultura a ser sustentable y generar mas impacto en el empleo.
Respecto a la certeza jurídica a los inversionistas ya contesto Erwin Sandoval, presiente de Codesa. Por nuestra parte, quisiéramos referirnos a otros aspectos. Primero, la SMA es in organismo mas bien técnico que a causa de su escaso personal demora a veces mas de una década para emprender alguna acción y en eso lo hace con mucho cuidado y muy apegada a la legalidad. En este caso de los centros Huillines 2 y 3 de Cooke Aquaculture, ubicados en la Punta Huillines del borde norte del Parque Nacional Laguna San Rafael, la SMA inició en el 2018 un procedimiento sancionatorio por trasgresiones a la normativa ambiental contra Cooke tras una fiscalización de Sernapesca, Gobernación Marítima y Conaf. Esto es, justamente porque no cumplen con los permisos. Entre ellos, están el que sus instalaciones se encuentran 1/3 fuera de sus concesiones, basurales, y que tienen autorización para producir hasta 375 mil y 125 toneladas de salmones al año, pero estaban cosechando hasta 6.880 y 6.6649 toneladas/año. Y resulta que, para cosechar más de 30 mil toneladas la ley les exige evaluación de impacto ambiental. Y a eso Cooke se ha resistido tenazmente, llegando hasta la Corte Suprema con sus alegatos, y perdiendo en todos los tribunales. Y cuando la SMA les ha detenido sembrar ahí por sobre lo autorizado, lo ha hecho con el respaldo del Tribunal Ambiental. Peor aún, el Juzgado de Letras de Puerto Aisén esta multando a Cooke y paralizándoles un ciclo de producción a nueve centros, inclusive los de Huillines, por no entregar información fidedigna de mortalidades.
O sea, cuando el Gobernador Santana aduce a "visiones ideológicas" ¿Se refiere también al Poder Judicial? Francamente, no parece muy adecuado que una autoridad estatal socave la institucionalidad ambiental y judicial. Y peor aún, esto ocurre en un Parque Nacional y Reserva de la Biósfera, en lo cual hay un compromiso legal nacional e internacional. ¿O al Gobernador le parecen lícitas las actividades industriales ilegales en parques nacionales? Vale recordar que la Contraloría ya ha emitido varios dictámenes dejando en claro que las salmoneras NO son permitidas en parques nacionales.
Es más, Cooke tuvo hace no mucho un acuerdo con el gobierno para relocalizar esas concesiones ubicadas en ese parque, lo cual ya ocurrió con dos de ellas hacia la zona de amortiguación de la Reserva de la Biósfera, en la cual se encuentran todas sus concesiones en calidad de enclave canadiense en el Estuario de Cupquelan. Pues, ahí según el compromiso internacional, tampoco debieran estar. Vale añadir que en la Zonificación del Borde Costero de la Región de Aysén ese lugar también es Zona de Protección y Zona Turística, en las que la ley de Pesca y Acuicultura impide relocalizaciones.
Ahora, que un Gobernador ¿tal vez por sesgo ideológico? prefiera creer las mentiras del CEO de Cooke en vez de averiguar qué es lo que realmente pasa (para lo cual tiene a mano una tropa de funcionarios y puede fácilmente preguntar a los demás servicios), nos parece francamente irresponsable. Igualmente, lo es el que una autoridad de su calibre justifique trasgresiones legales en un bien nacional como lo es el mar chileno, un parque nacional y un área con status internacional, como lo es una Reserva de la Biósfera.
Y finalmente, en cuanto a cuál sería la contribución a la economía regional y reactivación económica del país de esa empresa transnacional, sería interesante también hacer una revisión.
