El reciente retiro de 43 decretos ambientales de la Contraloría General de la República plantea una encrucijada que debe analizarse con altura de miras. Como sociedad, es nuestro imperativo ético anclar las políticas públicas en la evidencia científica y en el bien común. La paralización de estos instrumentos legales es una decisión con impactos tangibles y cuantificables sobre la biodiversidad y la salud pública de nuestros territorios.

Desde el rigor técnico, la formalización de nuevas áreas protegidas en ecosistemas que albergan especies amenazadas (como salares altoandinos, humedales y territorios oceánicos) resulta vital. Al pausar la tramitación de estos decretos, dichos espacios pierden de forma temporal la protección jurídica que el Estado estaba por otorgarles, lo que retrasa la asignación de recursos, congela los planes de manejo y perpetúa posibles escenarios de intervención nociva. La conservación es una necesidad empírica, ya que la evidencia demuestra que resguardar los ecosistemas asegura, a largo plazo, la sustentabilidad de los recursos y de las industrias.

Aún más apremiante es el impacto sobre la salud humana. Entre los textos hoy suspendidos y sin efectos jurídicos, figuran planes de descontaminación críticos, como los de Puerto Aysén, el lago Villarrica y el río Huasco, además de normativas que regulan las emisiones de termoeléctricas a carbón y límites para metales pesados y material particulado fino (PM 2,5). Retrasar la actualización de estos estándares ( y alejándose de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud) significa, trágicamente, permitir que más personas sigan expuestas a una contaminación que cuesta vidas. El análisis costo-beneficio es contundente y transversal: al país le conviene avanzar en regulación, pues los beneficios socioeconómicos y sanitarios de la descontaminación superan ampliamente cualquier costo de implementación.

Si bien las autoridades actuales han justificado esta acción como una auditoría interna para verificar el cumplimiento normativo antes de seguir adelante, la evidencia histórica nos muestra que la elaboración de estas normativas es fruto de años de procesos altamente técnicos, consultas ciudadanas y ponderaciones científicas.

La protección ambiental exige continuidad de Estado. La ciencia nos demuestra a diario que el tiempo es un recurso crítico en la lucha contra la emergencia climática. Por el bien de la verdad y el avance de nuestra sociedad, esperamos que esta revisión sea en extremo diligente. El bienestar de las comunidades regionales y la preservación de nuestra fascinante y frágil biodiversidad no pueden quedar a la espera en los pasillos de la burocracia.