Coyhaique.- El 2 de abril se conmemora el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo y en Chile hace dos años se promulgó la Ley del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Sin embargo, en opinión de la abogada, persona dentro del espectro autista y miembro de la Agrupación Crecer Patagonia, Damary Raipillan, esta ley aún es letra muerta. 

"Qué mayor ejemplo para darte que el del joven (J.B.) que por mucho tiempo vivió en la calle o el joven que tuvo una desregulación emocional y terminó golpeando a una docente. Es así, porque no se ha entendido que no basta con que se dicte una ley, sino que tienes que implementarla", afirma.

Algunos de los principios de la Ley del Trastorno del Espectro Autista (TEA) o Ley N° 21.545 son el trato digno y el seguimiento continuo, siendo "obligación de parte de los actores que formen parte de la red de protección y tratamiento, en especial del Estado, acompañar a la persona durante las diferentes etapas de su vida".

Lo que, en opinión de Raipillan, no se ha visto en el caso de J.B., joven dentro del espectro autista en situación de calle: "El hecho de que una persona con autismo esté en las calles en total abandono, claramente es un acto de discriminación por parte del Estado, porque finalmente no se le está dando la salud a una persona…Si lo vemos desde el plano de la Constitución, el Estado, al servicio de la persona humana, tiene que promover la dignidad y velar y garantizar la vida y la integridad física y psíquica de las personas. En este caso, claramente no es lo que ocurre", agrega.

Sobre los recursos de protección que fueron rechazados por la Corte de Apelaciones en relación a la situación del J.B., la abogada piensa que en este caso, más que haberse enmarcado en la falta de políticas públicas, podría haberse planteado lo que se llama "derechos económicos, sociales y culturales". "Hay un pacto que fue suscrito por Chile y se refiere al principio de progresividad, que dice que el Estado debe poner todos sus recursos, de tal forma, que se pueda ir teniendo un progreso respecto de estos derechos. Dentro de ellos, está, por ejemplo, el derecho de la salud, que en este caso, podría considerarse que está siendo afectado".

De esta forma, no se estarían pidiendo políticas públicas, lo que se estaría señalando es que el "Estado lo tiene que hacer como parte de su obligación por los tratados internacionales, poner todos los recursos que sean necesarios, y que obviamente tengan a su disposición, para resguardar sus derechos y que éstos vayan progresando".

Sobre la actual hospitalización de J.B. en Putaendo, la abogada cree que "es una medida que se tiene que adoptar frente a una omisión que hubo de parte del Estado. Puede ser que hayan estado trabajando y que hayan tomado algunas medidas, pero no son suficientes y no son continuas en el tiempo... Si hay una omisión que está afectando a una persona, obviamente se tendría que condenar al Estado para que sea haga cargo, porque es su obligación".

También, afirma que es una responsabilidad intersectorial: "Tienes a la SENADIS que no tiene atribuciones sancionatorias o fiscalizadoras, pero tiene facultades para coordinar. Podría haber hecho una tarea desde esa vereda, también Desarrollo Social y Famiia".

Abogada, miembro de la Agrupación Crecer Patagonia