Redacción, Diario El Divisadero 
Por Paula Betancour Z.
Coyhaique.- A cinco años del inicio de la investigación, el caso que involucra al senador Miguel Ángel Calisto continúa sumando capítulos judiciales. La defensa del parlamentario no pierde su tiempo, ha insistido en cuestionar la investigación del Ministerio Público apuntando directamente al fiscal Hernán Libedinsky, y con éxito ha recurrido al Tribunal Constitucional para suspender el avance del procedimiento. Desde la otra vereda camina a paso firme la Fiscalía Regional de Aysén, sosteniendo que sí existió un esquema de fraude al Fisco.
El fiscal regional Hernán Libedinsky defendió el trabajo, pese a las reiteradas críticas en su contra. "Quiero ser categórico, la investigación ha sido seria, acuciosa y objetiva", descartando las críticas de la defensa respecto de una eventual falta de imparcialidad o irregularidades. "Muchas veces los imputados, los acusados en investigaciones alegan conspiraciones, confabulaciones. Nosotros estamos acostumbrados a eso. En este caso, eso es absolutamente ajeno a la realidad".
Y acto seguido agrega que "El senador tiene tres abogados defensores privados de uno de los estudios más importantes e influyentes de Santiago y ha tenido plena garantía de un debido proceso. Nosotros hemos accedido a realizar las diligencias que ellos han solicitado. También se acusó de que la investigación se habría cerrado de forma intempestiva. En ningún caso es así, porque la investigación se cerró una vez que se habían agotado las diligencias de investigación, no quedó nada pendiente".
La tesis más difícil de sostener hasta ahora: "Las asesorías jamás existieron"
Uno de los puntos centrales de la investigación ha sido la existencia de supuestas asesorías parlamentarias contratadas con fondos públicos. Según la Fiscalía, dichas asesorías nunca fueron prestadas.
Libedinsky sostuvo que las declaraciones de los otros imputados en la causa no fueron el origen de la acusación, sino antecedentes que permitieron confirmar información que ya estaba incorporada en la carpeta investigativa. "Si es que nosotros hubiéramos incluso prescindido de estas dos declaraciones, de igual modo estaríamos en condiciones de cerrar acusación, solicitar el desafuero y formular la acusación. En ningún caso la investigación de la fiscalía se sustenta en estas dos declaraciones, solo ratifican lo que nosotros ya sabíamos: que estas asesorías parlamentarias jamás fueron prestadas por la señora Carla Graf".
Lo anterior se ratifica con los peritajes realizados por la PDI, que concluyeron que los 66 informes y minutas presentados por Graf son falsos.
Ante ello, explicó que no descarta abrir una causa paralela, "Eventualmente podría iniciar una nueva causa por el delito de obstrucción a la investigación", indicó Libedinsky.
Uno de los capítulos más controvertidos del proceso ha sido el cambio de postura que habría tenido la defensa respecto del origen de las asesorías.
"Las teorías de la defensa han ido mutando"; ante cada nueva hipótesis, se hacen diligencias adicionales. "Nosotros investigamos esa tesis, esa posición, esa teoría y llegamos a la conclusión de que no tienen ningún asidero", afirmó.
Un nuevo "obstáculo" procesal
El avance del caso enfrenta ahora un nuevo obstáculo procesal, luego de que el Tribunal Constitucional acogiera la solicitud de suspensión presentada por la defensa del senador mientras se revisa la admisibilidad del requerimiento.
Este lunes debía realizarse una audiencia para discutir las diligencias que solicitó la defensa.
Libedinsky aclaró, sin embargo, que la suspensión no significa necesariamente que todo el proceso quede detenido, sino que afecta determinadas actuaciones mientras el Tribunal Constitucional resuelve la situación planteada.
Consultado sobre si las actuaciones de la defensa pueden entenderse como una estrategia para extender la tramitación de la causa, el fiscal evitó utilizar esa calificación, aunque señaló que el Consejo de Defensa del Estado sí planteó una interpretación similar ante el Tribunal Constitucional.
La lucha de la Fiscalía por desaforar y llegar al juicio oral
Pese a los recursos presentados por la defensa, la Fiscalía mantiene como objetivo avanzar hacia una nueva solicitud de desafuero y posteriormente hacia un eventual juicio oral.
Libedinsky recordó que los hechos no han cambiado y ya fueron considerados por la Corte de Apelaciones de Coyhaique y la Corte Suprema al momento de autorizar el desafuero del parlamentario.
Por lo tanto, a su parecer, el resultado no debiera cambiar y el desafuero debiera darse a favor para continuar.
"Los hechos son los mismos y los antecedentes ahora son aún más sólidos y contundentes que aquellos que se tuvieron en consideración en ese momento", concluyó.
