El silencio habla muchísimo. Más de lo que podemos imaginar. Y en comunicaciones, eso se sabe. Por eso llama tanto la atención que el gobierno haya preferido el silencio en vez de salir de cara a la ciudadanía, ya sea a desmentir, a reconocer algún error o derechamente enfrentar a la opinión pública, cuando una de sus representantes se ve involucrada en un incidente que pone en entredicho el ejercicio de su autoridad.

"El gobierno no comenta memes", fue una de las varias respuestas que recibimos a partir del altercado que protagonizó la exseremi Verónica Figueroa con personal de Carabineros de la Primera Comisaría de Coyhaique.

"El gobierno no se referirá a situaciones personales de autoridades", fue otra de las respuestas que recibimos, como si existiera una marcada y socialmente aceptada línea entre el actuar de una autoridad en el ámbito público y privado cuando de hacer valer su cargo se trata. 

Cuando una persona es una autoridad pública sabe en qué condición está: sometida a estándares distintos precisamente porque representa al Estado. Y cuando esa conducta genera dudas o controversias, lo mínimo exigible es una explicación.

Entonces, queda la duda: ¿el manejo de crisis comunicacional se usa solo para proteger al gobierno de cualquier salpicadura? ¿Se deja a la autoridad abandonada a su suerte y al escarnio de la opinión pública? ¿Interesa, aunque sea un poquito, la ciudadanía en la gestión de manejo de crisis del gobierno?

Lo preocupante es que la prioridad parece haber sido evitar costos políticos antes que responder a una inquietud ciudadana legítima. La lógica del control de daños reemplaza a la lógica de la rendición de cuentas. Se protege la imagen institucional, pero se debilita algo mucho más importante: la confianza.

Y la confianza pública no se construye esperando que la polémica desaparezca. Se construye enfrentando los problemas, dando explicaciones oportunas y entendiendo que la transparencia no es una concesión, sino una obligación.

Así como se manejó esta situación, queda en evidencia que al gobierno poco le importa lo que opine la gente sobre su forma de ejercer la autoridad. Y esa es una pésima señal. No solo para una administración en particular, sino para la relación entre las instituciones y las personas que esperan ser escuchadas. Es una pésima señal.