La discusión sobre la ya aprobada ley de reconstrucción y la reforma tributaria dejó al descubierto una audacia política alarmante por parte de la extrema izquierda. 

No estamos ante un simple debate técnico, sino ante la ejecución quirúrgica de la vieja doctrina gramsciana: capturar la hegemonía cultural a través del relato, repitiendo falsedades de manera sistemática hasta que penetren en el sentido común de la ciudadanía como verdades incuestionables. El blanco de esta estrategia de posverdad ha sido el alivio en el pago de contribuciones para los mayores de 65 años. 

Con una virulencia comunicacional implacable, se ha instalado la consigna de que esta rebaja es un «castigo a los pobres» y un «regalo para los ricos». Esta caricatura ideológica no resiste el más mínimo análisis de los datos reales, especialmente si miramos las cifras de nuestra propia región. Según los últimos reportes socioeconómicos basados en la caracterización social chilena, la clase media en la Región de Aysén representa un contundente 49% de la población, situándonos entre las zonas del país con mayor consolidación de este segmento. 

A lo anterior se suma que un 22% de los hogares de la región califica en el tramo de ingresos altos, lo que en una zona extrema no equivale a millonarios, sino a profesionales, emprendedores y trabajadores calificados que pagan el altísimo costo de la vida patagónico y que con un esfuerzo monumental han logrado adquirir una propiedad. Hoy, una vivienda sujeta al pago de contribuciones en manos de un adulto mayor de 65 años no es un símbolo de la oligarquía; es el refugio de ese amplio espectro de la clase media que sostiene nuestra economía regional. 

Cuando las personas del estamento social de mayoría en Aysén jubilan, sus ingresos caen drásticamente, pero el avalúo fiscal de sus casas sigue subiendo. Eximirlos o rebajarles este impuesto territorial es un acto de estricta justicia para proteger el ahorro de toda su vida. Y la liberación de esos recursos va sin duda hacia el consumo de bienes imprescindibles como alimentos, medicamentos y contingencias de solidaridad familiar y de salud. 

La audacia de la extrema izquierda radica en invisibilizar deliberadamente a este sector. Al tildar de «ricos» a familias que viven de una pensión o de un sueldo de clase media, buscan sembrar un resentimiento artificial para justificar la voracidad fiscal del Estado. Su fin no es proteger a los más vulnerables, sino consolidar un control ideológico donde la propiedad privada sea siempre vista bajo sospecha. El debate en nuestro diario regional exige desmontar este libreto gramsciano con la contundencia de los datos. La clase media aisenina, que roza la mitad de nuestra población, merece honestidad por parte de sus legisladores. Legislar en base a ficciones comunicacionales es un peligro democrático. 

Defender la propiedad de nuestros adultos mayores es defender la dignidad del trabajo y el futuro de la clase media de Aysén, garantizando que su esfuerzo de décadas no sea confiscado por la soberbia de una consigna política.