Con dramáticos relatos acerca de la contaminación por metales pesados que ha afectado su salud, además de sus actividades agrícolas y ganaderas, una veintena de pobladores y pobladoras de Alto Mañihuales recibió este viernes 23 de mayo a un grupo de representantes de distintos servicios públicos regionales. 

La cita permitió que la comunidad convocante expresara sus preocupaciones y demandas a los organismos del Estado, además de manifestar sus reparos al actuar de El Toqui, compañía representada por el gerente general de la Sociedad Minera Pacífico del Sur, José Quiroga, controladora del yacimiento.

Los vecinos llegaron provenientes de Alto Mañihuales, Lago Norte, sector Arroyo El Gato y Ñirehuao, en algunos casos recorriendo decenas de kilómetros a caballo.  Todo con el fin de describir lo que han vivido en cuatro décadas de exposición a contaminación minera y afectación social, ambiental y a su salud, lo que hasta hoy no ha sido abordado a cabalidad.  El problema se hizo manifiesto hace 10 años cuando fallecieron animales y se detectó plomo, mercurio y arsénico en la sangre de varias familias del sector.

La reunión se desarrolló en la sede comunitaria, a menos de 400 metros del inactivo tranque Confluencia, que almacena casi seis millones de toneladas de relaves mineros, sin un debido plan de cierre. Según resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de mayo de 2020, la empresa debe ingresar este pasivo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) con el fin de disponer medidas para mitigar, reparar o compensar los impactos ambientales del depósito en cuestión, incluidos los de salud. 

Algo que a la fecha no ha ocurrido.

Testimonios

Durante la última temporada de veranadas, la familia de Bárbara Rodríguez y Felipe Pérez perdió una decena de vacunos por motivos, en ese momento, desconocidos.

"El año pasado, alrededor de noviembre, se empezaron a morir vacas. De primera, con Felipe pensábamos que era por una enfermedad como el carbunco.  Al otro día amaneció otra vaca muerta y así sucesivamente hasta que ya íbamos como en la cuarta".  Luego de denunciar uno de los casos ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y realizarse exámenes, el análisis arrojó una falla multisistémica. Explicó que por falta de recursos a nivel regional no se pudo realizar un análisis más específico. Sin embargo, "la veterinaria del SAG nos relató que, por su experiencia y cómo estaban los órganos así de negros, eso era netamente metales pesados".

Ante la solicitud de la familia de realizar análisis a todo su ganado "porque queríamos saber de qué estaban muriendo las vacas, nos dijeron que no hay recursos. Ya sabemos que es por el tema de la contaminación de la minera que se están muriendo los animales y lo más terrible es que efectivamente todas esas vacas que se van a veranear, después se van a la feria y todo el mundo las consume".

Para Bárbara y su familia, incluido su hijo de pocos años, el tema no es sólo económico.  "Nosotros creíamos que consumíamos carne sana, pero nos dimos cuenta de que no. Con esta reunión esperemos que se haga algo, que no sea lo mismo que pasó en el 2014 y quede todo ahí con un simple estudio.  Que de verdad se preocupen por los campos y por las aguas"

Raquel Vera, oriunda de Alto Mañihuales, expresó su esperanza en que con esta reunión desde el Estado se tomen medidas concretas. "No hay que dejar que caiga, porque ahí sí que vamos a perder... Muchos vecinos no quisieron firmar (la carta de la convocatoria) y otros no quisieron venir porque dijeron, no van a sacar nada. Que siempre, cuando se han hecho estas cosas, no sacamos nada. Y sigue ganando la empresa, las autoridades se van y se siguen burlando.  Hacen oídos sordos, como ahora. Que no saben, que no es tanto.  Claro, si ellos no viven acá, no sufren, no han pasado lo que hemos pasado nosotros con esta empresa", expresó.

Solicitó la pobladora que la empresa "asuma sus responsabilidades, de gastar un poco en tapar esos relaves".  Explicó que la minera ha aumentado considerablemente sus operaciones, aludiendo a que la Sociedad Pacífico de Sur informó hace poco un "exitoso" 2024, año en que "exportó 62 mil toneladas desde el yacimiento El Toqui", materializando un segundo embarque a China a principios del mes de mayo.  "Así que imagínense que no va a tener plata. Y todo eso de acá, sacándolo de nuestro sector, y nosotros todos enfermos y contaminados".

Asimismo, cuestionó la dirigenta la ausencia "de varias autoridades bastante importantes, pero quedé conforme en que por lo menos pudimos llegar a un acuerdo de que quedara como mesa una fecha estimativa de próxima reunión, más o menos en casi dos meses más", puntualizó. 

"Sin duda hay más animales muertos, hay un montón de dudas. Todos sabemos cómo vuela en el verano la ceniza o el viento para allá, todos sabemos que las aguas están contaminadas aquí.  Esto no es un misterio para nadie, todos sabemos cómo es, pero falta que alguien tome el tema, y las autoridades son las llamadas a eso", señaló Walter Gillibrand, residente de Lago Norte, también presente en la reunión. Algo que fue reiterado en múltiples relatos de pobladores del sector.

Los compromisos

En la ocasión, parte de los compromisos fueron que el SAG atienda las denuncias por muerte de animales de manera oportuna.  Asimismo, tener para la reunión siguiente información sobre la posibilidad de desarrollar un estudio sobre la presencia de metales pesados en suelo, forraje y ganado del sector afectado.  Esto, considerando que incluso en 2021 se constató la muerte de equinos en que había presencia de metales pesados.

La Seremi de Salud, en tanto, acordó que en la reunión siguiente entregarán antecedentes sobre la viabilidad de realizar un estudio específico a la población en materia de metales pesados, para lo cual elevarán la consulta ante el Instituto de Salud Pública y la Subsecretaría de Salud.  En esto, desde el Colegio Médico señalaron que se comunicarán con la directiva nacional para que se realicen gestiones que respalden dicho requerimiento a nivel central. Además, desde Salud se comprometieron a dar continuidad al proceso de monitoreo de las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano (en los términos desarrollados durante 2019, 2021, 2022 y 2023), evaluando ampliar los puntos de registro.

La Seremi de Obras Públicas, de la cual depende la Dirección General de Aguas, informó que continuarán con los monitoreos periódicos que desarrolla el organismo, y que si es necesario hacer muestreos específicos procederán en consecuencia.

Y desde la Seremi de Medio Ambiente se propuso llevar este tema a la Mesa Público-Privada de Minería y Geología de Aysén, en la cual sólo participan organismos del Estado y las empresas, mas no las comunidades.  Por ello, se solicitará que la sociedad civil sea invitada a exponer en dicha instancia sobre este caso.

Por parte del CIEP se planteó la posibilidad de realizar un análisis de los datos de muestreo que diversos organismos (públicos y privados) puedan poner a su disposición, con el fin de contar con una visión más clara sobre lo que ha ocurrido en la cuenca en esta última década.

En términos generales, se acordó dar continuidad a la Mesa de Trabajo en Alto Mañihuales, debiendo ser tal la instancia informativa y deliberativa, y donde se elabore una hoja de ruta para abordar la contaminación minera y vulneración de derechos humanos a que están expuestos los vecinos y vecinas del sector y alrededores.  El próximo encuentro quedó citado para la primera semana del mes de julio.

No llegaron todas las autoridades

La reunión fue convocada por un grupo de 27 vecinos y vecinas, gracias a la intermediación de la Junta de Vecinos N°14 de Villa Mañihuales, la Agrupación local Mañíos y Baguales, la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), la Red de Defensa y Protección del Territorio Patagonia, la Agrupación Aisén Reserva de Vida, la ONG Ecosistemas y ONG FIMA.

Para Claudia Cárdenas, dirigenta de la junta de vecinos N14 de Villa Mañihuales, localidad que se abastece del agua que escurre aguas abajo del yacimiento y del ganado proveniente de las pasturas del sector, la reunión fue positiva, aunque "ojalá que en esa mesa próxima hayan respuestas concretas, fechas y un poquito más de empatía con los vecinos. Que se vea el tema como una realidad que está sucediendo hace muchos años". 

Gabriela Barrientos, de Mañíos y Baguales, se mostró "súper agradecida de la convocatoria, la cantidad de vecinos que vinieron, desde muy lejos, vecinos a caballo, vecinos en vehículos, que se acercaron a esta reunión, lo que da cuenta de la preocupación que hay sobre el tema… Nos llama mucho la atención, sí, que los principales servicios convocados no vinieron.  Lo rescatable es que se reactiva esta mesa de trabajo, convocada por los vecinos y que además ya se programó una nueva reunión convocada para dos meses más".

A la reunión concurrieron, además de los respectivos funcionarios de apoyo, el asesor de la delegación presidencial regional Juan Álvarez, la Seremi de Salud (s) Silvia Delfín, el Seremi de Medio Ambiente Yoal Díaz, la Seremi de Obras Públicas Paloma Jara, la directora (s) del SAG Valeria Carrasco, el director del INDH Joaquín Bizama, la directora regional de Indap Yessica Lagos, en representación del seremi de Agricultura, y la encargada de Medio Ambiente de la Municipalidad de Coyhaique, María José Espinoza.  Se hicieron presentes, también, el biólogo del Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), Luis Uribe, y la presidenta del Consejo Regional Aysén del Colegio Médico, Alejandra Born.

Por la Sociedad Pacífico del Sur, además de su gerente, concurrió el encargado de relaciones comunitarias, Sebastián Barrios.

Sin embargo, notoria fue la ausencia de autoridades de organismos clave en este problema como el encargado de la oficina regional de la SMA, Oscar Leal, el Seremi de Minería, Juan Vásquez, y la directora regional de Sernageomin, Andrea Aguilar, también invitados a la reunión.  Tampoco concurrieron representantes del gobernador regional Marcelo Santana y el alcalde de Aysén Luis Martínez, hacia cuya comuna fluyen los afluentes directamente afectados por las operaciones de El Toqui, incluido el río Aysén.

Para el presidente de Codesa, Erwin Sandoval Gallardo, los resultados "dan cuenta de la falta de urgencia que el Estado de Chile y el gobierno del Presidente Gabriel Boric le otorgan a este conflicto de derechos humanos.  Pese a que los distintos servicios tienen antecedentes e información desde hace años, han llegado a esta reunión sin respuestas claras y compromisos concretos para abordar y solucionar la vulneración de derechos que aqueja a los habitantes del sector".  Agregó que "esperamos que, tal como se acordó, en la sesión que se desarrollará en el mes de julio en Alto Mañihuales, primero, lleguen todas las autoridades competentes en la materia y, segundo, con una hoja de ruta clara. Tienen plazo suficiente para, esta vez, sí hacer este trabajo".

Cuando en 2015 se conoció públicamente el tema, fue el gobernador de Coyhaique de la época, Cristian López Montecinos, quien impulsó un mesa de trabajo para que la empresa minera El Toqui cerrara acuerdos, esencialmente de tipo económicos, con las familias del sector.  A esas alturas ya se tenía el estudio del Colegio Médico que había constatado peligrosos niveles de contaminación por plomo, arsénico y mercurio.  Sin embargo, dichas gestiones no desembocaron en una solución de largo plazo para la situación que se repite hoy.

Posteriormente López dejó el cargo y hoy es ministro suplente en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, votando en varias ocasiones a favor del proyecto minero portuario Dominga, en Coquimbo.