Hay algo que no podemos perder de vista en medio de la preocupación por la seguridad y la recuperación de los espacios públicos: vivir en un ruco no es un delito. Es, antes que nada, la expresión visible de una situación de extrema vulnerabilidad.

Avanza en el Congreso una iniciativa que busca sancionar la ocupación de bienes nacionales de uso público mediante instalaciones precarias y otra que propone tipificar como delito el uso de espacios públicos para habitar o pernoctar, bajo la figura de flagrancia permanente. Ambas iniciativas fueron refundidas y ya superaron la votación general en la Comisión de Gobierno Interior.

Quienes trabajamos a diario con personas en situación de calle sabemos que un ruco suele ser precario, insalubre y peligroso. También sabemos que puede ser el último refugio de una persona. Y sabemos algo todavía más importante: sacar a alguien de un ruco no significa sacarlo de la calle.

Significa simplemente desplazar el problema unos metros, unas cuadras o a otra comuna.
Nadie debería tener que vivir bajo un plástico, cartones y materiales desechados. Nadie debería estar expuesto al frío, al calor extremo, a la violencia, a las enfermedades o al consumo de drogas sin una alternativa. Por eso debemos preguntarnos qué política pública queremos construir frente a esta realidad.

¿Queremos que la respuesta del Estado sea una multa, una detención, una condena? ¿O queremos que sea una puerta de entrada a una solución?

No se trata de escoger entre seguridad y derechos sociales. Esa es una falsa dicotomía.

Desde el Hogar de Cristo creemos que el Estado debe intervenir cuando un espacio público es ocupado, cuando existen riesgos sanitarios, cuando hay delitos o cuando se afecta la convivencia. Pero una intervención responsable no puede terminar simplemente en el desalojo. Debe existir una alternativa concreta para la persona que será desalojada. Porque si no existe esa alternativa, el Estado puede recuperar un espacio físico, pero no habrá resuelto el problema humano. Tampoco el de seguridad, salud mental, consumo de alcohol y drogas, desempleo y ausencia de redes de apoyo.

Por eso preocupa que la herramienta penal aparezca como una respuesta central frente a un fenómeno que es, en su origen, social. Criminalizar la instalación de un ruco corre el riesgo de castigar la consecuencia en vez de abordar la causa.

Chile necesita recuperar sus espacios públicos, sí. Pero también necesita aumentar su capacidad de respuesta social. Necesitamos más alternativas habitacionales, más residencias, programas de tratamiento de adicciones, dispositivos de salud mental y acompañamiento especializado. Necesitamos intervenciones que no abandonen a la persona después del desalojo.

Necesitamos que los recursos públicos se orienten a resolver el problema, no sólo a moverlo. No queremos ciudades tomadas por rucos. Queremos ciudades donde nadie tenga que vivir en un ruco. Y si vamos a legislar sobre los rucos, hagámoslo para que algún día dejen de ser necesarios, no para convertir a quienes los habitan en delincuentes.