Redacción, Diario El Divisadero
Santiago.- Una extensa jornada judicial se desarrolló este miércoles en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde comenzó la formalización de 44 imputados en el marco de la denominada "Operación Imperio Ámsterdam", investigación liderada por la Fiscalía Regional de Aysén junto al OS-7 de Carabineros, que permitió desarticular una presunta organización dedicada al tráfico de cannabis utilizando dispensarios medicinales como fachada.
La causa, iniciada en 2024, contempla delitos asociados a la Ley N°20.000, entre ellos tráfico ilícito de drogas, cultivo de cannabis, eventual desvío de cultivos autorizados, asociación ilícita y lavado de activos. El operativo desarrollado la semana pasada incluyó 42 allanamientos simultáneos en nueve regiones del país, con 38 personas detenidas mediante órdenes judiciales, además de otros arrestos por flagrancia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso los antecedentes reunidos durante la investigación y solicitó las medidas cautelares para los imputados. El tribunal resolvió inicialmente la situación procesal de 19 personas, mientras que los restantes casos serán revisados durante la jornada del jueves 20 de agosto.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, explicó la forma de operación "se trataba de una organización criminal que operaba bajo la apariencia de un modelo terapéutico destinado a dar un ropaje de legalidad a una entidad ilícita, estructurada, jerarquizada, con distribución de roles y funciones precisas, cuya finalidad era la realización de actividades de cultivo, distribución y posterior venta masiva no autorizada e indiscriminada de marihuana o especies del género de cannabis y sus derivados a terceros".
Agregando que "Desde la perspectiva del consumidor final, el sistema ideado por la cúpula de la organización criminal operaba a través de una inscripción de socio en la Corporación de Usuarios Medicinales de Cannabis Dispensario Nacional, cuyo valor ascendía a 10 mil pesos".
Luego de ello, consigna el persecutor que se les exigía la presentación de antecedentes, esto es una receta médica con diagnóstico y tratamiento en base a cannabis y un certificado de antecedentes penales exento de condena por la ley 20.000, ofreciendo un pool de médicos que les podían extender recetas fácilmente, con lo que accedían a un número indeterminado de consumidores, comercializando abiertamente al público, incluso a turistas y extranjeros sin inscripción previa, captando numerosos clientes y socios mediante campañas publicitarias, incluida publicidad en redes sociales. Una vez cumplidos estos requisitos, los clientes accedían a productos derivados de cannabis en distintos locales abiertos al público, en distintas ciudades del país, desde las regiones de Antofagasta hasta Aysén".
Entre los imputados que quedaron sujetos a firma quincenal y arraigo nacional se encuentran Vicente Ignacio Necochea, Erick Ruhl, José Miguel Fuentealba y Tania Calderón.
En tanto, el tribunal decretó arresto domiciliario parcial y arraigo nacional para Cristian Villegas, Ignacio Toledo, Agustín Saavedra, Manuel Alambra y Alma María González.
Asimismo, quedaron sujetos a arresto domiciliario total y arraigo nacional los imputados Camilo Huerta, Juan Pablo Martín, Daniel Ortega, Hansi Besuain, Karen Athens, Valeska Frías, Vicente Rebolledo, Karla Rivera Cárdenas, Juan Trujillo y Nicolás Hernández.
La investigación continúa en desarrollo y busca establecer el grado de participación que habría tenido cada uno de los imputados, además de determinar la eventual existencia de operaciones asociadas al lavado de activos. Según antecedentes de la causa, la organización investigada habría generado millonarias ganancias.





















