Región de Aysén.- Representantes de partidos de oposición en la Región de Aysén exigieron la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras las polémicas rebajas de condenas a personas condenadas por delitos graves, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Los dirigentes respaldaron la acusación constitucional que se impulsa en el Congreso y emplazaron a la autoridad regional de Justicia, Andrea Ponce, a pronunciarse sobre la situación.

Desde la oposición calificaron las decisiones como una señal de desprotección hacia las víctimas y cuestionaron que el Gobierno mantenga al secretario de Estado en su cargo.

Patricio Aylwin, presidente regional de la Democracia Cristiana, sostuvo que "El otorgamiento de estos beneficios representa una burla intolerable a la justicia, una desatención flagrante hacia las víctimas y un retroceso inaceptable en los estándares éticos de protección que el Estado chileno está obligado a garantizar" y en la misma línea enfatiza que "exigimos al gobierno que pida de forma inmediata la renuncia del ministro de Justicia. Esta remoción constituye la única señal inequívoca para restaurar en parte la dignidad de las víctimas que han sido revictimizadas por las decisiones de este gobierno."

En tanto, Gloria Becerra, concejala del Frente Amplio en Chile Chico, cuestionó las señales entregadas por el Ejecutivo y afirmó que: "No puede ser que le rebajen las condenas a pedófilos y violadores, estamos hablando de niños y niñas a las que se les ha destruido la vida, familias completas y a víctimas en abandono. Hoy la gran distracción es la salida del subsecretario mientras el ministro sigue en su cargo. ¿Qué pesa más, un video de las redes sociales o liberar a pedófilos y violadores? Por eso, como oposición estamos construyendo una acusación constitucional seria contra el ministro, porque frente a algo tan grave, Chile exige justicia, pero justicia de verdad."

Las críticas también apuntaron a la representación regional del Ministerio de Justicia. Pablo Reyes, presidente regional del Partido Comunista, emplazó a la seremi Andrea Ponce a transparentar su postura y explicar qué medidas de reparación se contemplan para las víctimas y sus familias.

"No basta con decir que acá en la región no se liberaron violadores ni abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes, porque este error (...) revictimiza familias, niños y niñas de distintas regiones del país", manifestó.

Finalmente, según los dirigentes "los nombramientos frustrados de autoridades que no duraron una semana, una Vocera de Gobierno que no llegó a ejercer el cargo 70 días, la desaprobación histórica a la gestión del presidente Kast que alcanza un 67,5% en menos de ocho meses, más de un millón de desempleados, una crisis económica sólo superada por la Crisis Covid del 2020 o la Suprime del 2008, además de esta rebaja de condena a pedófilos, amerita un cambio de gabinete que tenga un eco regional también, no podemos seguir con autoridades que no dieron el ancho y que privilegian los intereses de unos pocos y no los que benefician a las familias de las distintas regiones del país y, en particular, a la Región de Aysén".