Organizaciones ambientales y sociales entregaron a la delegada presidencial regional de Aysén, Luz María Vicuña Figueroa, un informe que sistematiza antecedentes sobre presuntos incumplimientos normativos, sanciones y efectos ambientales asociados a las operaciones del yacimiento El Toqui, en la comuna de Coyhaique.

La presentación del documento se realizó en una reunión en Coyhaique, en la que participaron dirigentes de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia y la ONG Ecosistemas, junto a representantes del Ministerio de Minería y del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).

Según expusieron las organizaciones, el informe recopila procedimientos sancionatorios impulsados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), además de antecedentes vinculados a la operación del tranque de relaves Confluencia y a las obligaciones de evaluación ambiental que, según señalan, no habrían sido cumplidas por la empresa a cargo del yacimiento desde 2019.

El presidente de CODESA, Erwin Sandoval, sostuvo que parte del problema radica en la falta de ejecución efectiva de resoluciones ya dictadas por los organismos competentes.

"Esto tuvo como finalidad que se evalúen los impactos ambientales producidos por el proyecto y se dispongan las correspondientes medidas de mitigación, restauración o compensación ambiental", indicó, cuestionando que dichas exigencias "a la fecha no han ocurrido".

En esa línea, Sandoval acusó además una débil respuesta institucional frente a las obligaciones ambientales vigentes.

"Esto es por falta de voluntad del Estado, en sus diversas administraciones, de hacer cumplir sus propias resoluciones", señaló, agregando que la empresa "sigue sosteniendo que no evaluará ni se hará cargo de los impactos de su tranque de relaves".

A esto se suma que SERNAGEOMIN, desde mediados del año 2025, está trabajando con la sociedad un plan de cierre del tranque de relaves Confluencia, sin exigirle la evaluación ambiental de éste. Lo anterior, además de contravenir lo expresamente ordenado por la Superintendencia del Medio Ambiente, es contrario a lo que establece expresamente el artículo 6 de la Ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras y según el cual "toda empresa minera deberá presentar, para la aprobación del servicio, un plan de cierre de sus faenas mineras, elaborado en conformidad con la resolución de calificación ambiental que se pronuncie favorablemente sobre el proyecto minero, cuando correspondiere, de acuerdo a la ley N° 19.300".

Durante la reunión se expuso, además, que en 2022 SERNAGEOMIN constató que la titular realizó modificaciones sustanciales al proyecto del yacimiento minero El Toqui, para lo cual le exigió la actualización de todo su plan de cierre.  A esto se sumó resolución del mismo organismo que, en 2023, consignó que el plan aprobado en 2018 para las faenas ya había cumplido los 5 años de vigencia que establece la Ley, ordenando su auditoría y actualización. "Sin embargo, a la fecha Minera Pacífico del Sur no ha dado cumplimiento a dichas obligaciones y, lejos de exigir su cumplimiento, vemos al Estado trabajando para permitirles una actualización parcial, únicamente para el tranque de relaves Confluencia, y no de todo el instrumento como fue requerido previamente".

Por último, se planteó la necesidad de que SERNAGEOMIN requiera a la empresa materializar la constitución de las garantías financieras que exige la Ley 20.551. En esto recordaron que en sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago de mayo de este año se confirmó la multa de más de 400 millones de pesos impuesta por SERNAGEOMIN, además de la deuda de más de 11 mil millones de pesos en garantías financieras. 

"A lo largo de los años hemos visto cierta condescendencia con un yacimiento minero que ha mostrado con creces que no está haciendo las cosas correctamente, lo cual ha ido en desmedro de la salud de quienes viven en Alto Mañihuales, sus actividades productivas y ecosistemas" planteó Erwin Sandoval.

"Esperamos que en la actual administración, cuya delegada regional Luz María Vicuña se comprometió a analizar estos antecedentes ya que consideran el tema como prioritario, se informe próximamente la hoja de ruta que llevarán adelante para terminar con esta grave afectación de derechos humanos a familias rurales de la comuna de Coyhaique" indicó.

"En definitiva creemos que los antecedentes que obran en poder de Estado justifican lo demandado por vecinos y vecinas de Alto Mañihuales: el Estado debe mantener un monitoreo constante y permanente sobre calidad de aire, suelo, forraje, ganado, calidad de aguas y salud de la población. Todo ello, hasta que se pueda garantizar el cumplimiento de la Ley por parte del yacimiento minero El Toqui" concluyó Erwin Sandoval.

Concurrieron por CODESA su presidente Erwin Sandoval Gallardo, el director Patricio Segura Ortiz, además de las representantes de la Red de Protección y Defensa del Territorio Patagonia Deisy Avendaño Avendaño y de ONG Ecosistemas Natalia Vásquez Tenorio.  Junto a la autoridad regional participaron el seremi de Minería José Luis Osorio Moncada y la directora regional del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), Andrea Aguilar Sánchez.