Redacción, Diario El Divisadero 
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) concretó la expulsión administrativa de dos ciudadanos extranjeros que mantenían condenas por delitos graves cometidos en territorio nacional, procedimiento desarrollado en la Región de Aysén y que finalizó con su traslado hacia sus respectivos países de origen.
De acuerdo con los antecedentes policiales, el operativo se realizó con normalidad y permitió ejecutar el traslado de dos personas extranjeras: un ciudadano colombiano condenado por el delito de tráfico de drogas y un ciudadano dominicano condenado por homicidio frustrado.
El jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Aysén, subprefecto René Retamal, explicó que ambos procedimientos fueron realizados una vez que los involucrados cumplieron sus respectivas condenas.
"La Policía de Investigaciones de Chile llevó a cabo dos expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros, uno de nacionalidad colombiana quien estaba sometido a una condena por el delito de tráfico de drogas y un extranjero de nacionalidad dominicana quien estaba bajo una condena de homicidio frustrado".
El oficial agregó que los procedimientos se desarrollaron bajo los protocolos establecidos, incluyendo la detención y custodia de los expulsados antes de iniciar el traslado fuera de la región.
"El procedimiento se realizó con completa normalidad, el ciudadano colombiano fue detenido en las afueras del recinto penitenciario de Aysén, previo a haber cumplido su condena y el ciudadano dominicano fue detenido en horas de la mañana".
El operativo fue ejecutado por un equipo policial de la Región Policial de Aysén, quienes estuvieron a cargo de la custodia y traslado de ambos ciudadanos desde la zona hasta el Aeropuerto de Balmaceda. Desde allí fueron derivados a Santiago para posteriormente abordar vuelos hacia Colombia y República Dominicana, respectivamente.
Expulsión administrativa: la sanción migratoria más severa
Desde la institución policial destacaron que la expulsión administrativa corresponde a la medida de mayor rigor contemplada dentro de la normativa migratoria vigente.
Desde la PDI señalaron que estos procesos se originan a partir de fiscalizaciones realizadas por la institución y posteriormente son derivados al Servicio Nacional de Migraciones, organismo encargado de adoptar las medidas administrativas correspondientes.
"Posteriormente esa denuncia que se va al Servicio Nacional de Migraciones, dicha entidad adopta medidas, ya sea pago de multas, restricciones para poder trabajar y posteriormente lo más gravoso de dicha legislación es la expulsión del país".
Como consecuencia de esta resolución administrativa, ambos ciudadanos quedaron sujetos a una prohibición legal de reingreso a Chile por un periodo de 10 años.
