El alza del precio de los combustibles, impulsada por un escenario internacional complejo, representa una dificultad real para todos los sectores productivos. En Aysén, donde el aislamiento geográfico, las distancias y los elevados costos logísticos condicionan nuestra economía, sus efectos son especialmente sensibles. Desde OGANA A.G. y la Multigremial Nacional de Emprendedores comprendemos las legítimas preocupaciones de los transportistas y creemos que este escenario exige una negociación seria entre el Gobierno y los distintos sectores productivos, orientada a encontrar soluciones responsables que consideren las particularidades de las regiones extremas.

Sin embargo, comprender las causas de un conflicto no significa aceptar cualquier mecanismo de presión. Ninguna persona, agrupación o gremio, por legítimas que sean sus demandas, tiene derecho a imponer sus razones por la fuerza ni a vulnerar las libertades y derechos de los demás. Rechazamos categóricamente los cortes de caminos porque constituyen una forma de presión que impide a terceros trabajar, producir y desplazarse libremente. Lejos de resolver el conflicto, trasladan sus costos al conjunto de la sociedad, perjudicando precisamente a quienes no tienen responsabilidad alguna en su origen.

En Aysén, estas consecuencias son especialmente graves. Para el sector agroganadero, los bloqueos coinciden con una etapa crítica de siembras, fertilizaciones y establecimiento de praderas, labores sujetas a ventanas climáticas estrechas. Un insumo que no llega o una faena que debe postergarse puede significar pérdidas productivas que no se recuperan cuando finalmente se despeja una carretera. El daño se extiende también al comercio, al turismo, a los servicios y a miles de trabajadores y pequeños emprendedores cuya actividad depende de la conectividad regional.

Nuestra región, además, tiene memoria. Las movilizaciones de 2012, bajo la consigna «Tu problema es mi problema», dejaron una dura enseñanza: los bloqueos y episodios de violencia provocaron desabastecimiento, pérdidas de empleo, cierre de negocios y endeudamiento de numerosas pymes, cuyas consecuencias se extendieron mucho más allá de la paralización. Cuando se detiene una región, todos pierden, pero algunos pierden mucho más. Ninguna causa, por legítima que sea, justifica imponer por la fuerza perjuicios a terceros ni presentar los bloqueos como una defensa del interés general. El Gobierno debe garantizar el orden público y el libre tránsito, junto con promover una negociación efectiva.

Una dificultad compartida requiere soluciones colectivas, no medidas de presión que trasladan el problema de unos hacia otros. Aysén necesita diálogo y condiciones para producir, no nuevas paralizaciones. La experiencia ya nos enseñó que paralizar Aysén no es defenderlo.