Investigar, proteger a víctimas y testigos y acusar a los responsables de delitos, es nuestra labor como Fiscalía. Y en ese proceso, debido al aumento de casos, a una criminalidad compleja y a otros factores, fue necesario el refuerzo de nuestra planta de funcionarias, funcionarios y fiscales, a fin de enfrentar adecuadamente todos los desafíos en materia de investigación y persecución penal. 

Es así que, tras su tramitación en el Congreso, fue aprobado el Plan de Fortalecimiento de la Fiscalía de Chile, contemplado en la Ley 21.812, el cual considera el reforzamiento de Fiscalías Locales, Unifiscales y Geoestratégicas. Este fortalecimiento tendrá una gradualidad de 4 años e implicará la incorporación de 819 nuevos fiscales y funcionarios.

El suplemento financiero del Estado para este Plan permite la contratación de equipos de fiscales, funcionarias y funcionarios para reforzar aquellas Fiscalías que enfrentan mayores desafíos por cargas de trabajo, ubicación geográfica o dotación. La idea es fortalecer la capacidad operativa, mejorar la cobertura territorial y apoyar la persecución penal. 

En este sentido, las Fiscalías Geoestratégicas son aquellas ubicadas en zonas fronterizas, territorios aislados o con conectividad limitada, generando desafíos adicionales a la operación, para las cuales está considerada la provisión de Fiscales Adjuntos y Abogados Asistentes.   

Actualmente, están consideradas como geoestratégicas la Fiscalía de Frontera ubicada en el paso Chacalluta en Arica, extremo norte del país; la oficina de Atención de Colchane, Región de Tarapacá; la Fiscalía Local de San Pedro en la Región de Antofagasta y la Fiscalía Local de Cabo de Hornos en Puerto Williams, extremo sur de Chile. 

Su objetivo es fortalecer la presencia institucional y la capacidad de respuesta en territorios estratégicos para la persecución penal.

Este proceso de reforzamiento de la presencia del Estado, para dar un mayor acceso a la justicia a zonas lejanas, nos motiva a pensar que en el futuro sería positivo estudiar la factibilidad técnica de tener instituciones del Estado, en el ámbito de la justicia, en zonas tan aisladas de nuestra región como Villa O´Higgins o Melinka. 

Por cierto, los criterios de población no debieran ser un factor limitante en estos casos, sino una oportunidad de llegar a lugares donde hoy día los servicios del Estado son acotados y, por ende, hay muchas necesidades que no son cubiertas de una forma rápida o expedita. 

Más que la cantidad de habitantes hay otros elementos a considerar, tales como la soberanía y el mencionado acceso a la justicia, por ejemplo, para casos de violencia de género, violencia intrafamiliar o delitos sexuales, que nos motivan a reflexionar sobre esta necesidad. 

Hemos constatado, a través de visitas a terreno que en ciertos lugares aislados existiría temor a denunciar debido a la baja cantidad de habitantes y apoyos estatales y, por ende, habría una cifra negra o desconocida de ilícitos que nunca llegan a conocimiento de las autoridades competentes, generando brechas de impunidad. ¿Por qué no pensar, el día de mañana, en un Tribunal Mixto y una Oficina de Atención de la Fiscalía para Villa O´Higgins y Melinka?  

Las víctimas de delitos -en especial aquellas afectadas por delitos violentos, violencia intrafamiliar y violencia de género- enfrentan importantes barreras de acceso al sistema de justicia cuando residen en zonas aisladas, debido a la distancia de centros urbanos, los altos costos de traslado y las condiciones climáticas adversas. 

Esto dificulta su participación en audiencias, la toma de declaraciones, el contacto con fiscales y profesionales de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), así como el acceso a pericias psicológicas, sociales o médicas, entre otros.

Por lo mismo, es nuestra aspiración que en el futuro el Estado de Chile pueda analizar la posibilidad de dotar de servicios públicos en el ámbito de la justicia, a zonas aisladas como las mencionadas. Creo que sería un paso muy relevante en materia de igualdad ante la ley y de protección de víctimas y testigos.