Este martes 17 de junio se desarrolló la segunda sesión de la Mesa de Minería y Geología de Aysén que busca, se ha señalado, "abordar los desafíos, brechas y oportunidades del sector, promoviendo la colaboración entre las diversas entidades involucradas para fomentar el crecimiento económico regional". 
Según la información difundida por el seremi del ramo Juan Vásquez en las redes sociales institucionales, "se compartieron experiencias en biorremediación, innovación en reutilización de relaves y se destacó el compromiso transversal para transformar una problemática histórica en soluciones concretas con visión de desarrollo regional".
Dando amplio espacio a los impulsores de los proyectos mineros de El Toqui (Sociedad Minera Pacífico del Sur) y Cerro Bayo (Andean Silver), la cita obvió cumplir el compromiso del seremi de Medio Ambiente, Yoal Díaz, con la comunidad de Alto Mañihuales: abordar los graves impactos ambientales y de salud de las operaciones de Minera El Toqui con participación de las organizaciones que han apoyado a la comunidad.  
En una reunión sostenida el 23 de mayo entre vecinos de Alto Mañihuales y agrupaciones locales con representantes de diversos órganos del Estado, pobladores solicitaron expresamente que la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, a través de su presidente Erwin Sandoval, participara en la sesión de la Mesa de Minería y Geología de Aysén en su representación, toda vez que ha sido una de las organizaciones que ha impulsado que el tema sea parte del debate público.
"Lo que acá está ocurriendo es el mismo guion que en 2015 aplicó el gobierno de la época. Obviar la responsabilidad del Estado y la minera por el arsénico, plomo y mercurio, y concentrarse en el uso productivo de los relaves, lo que es un sinsentido.  Se están muriendo los animales, se está enfermando la gente, están teniendo impactos económicos, y desde el gobierno insisten en bajarle el perfil" expresó Erwin Sandoval.
"Negligencia del Estado"
En este sentido, aprovechó de refutar las palabras del delegado presidencial regional Jorge Díaz, quien hace unas semanas expresó que "nosotros, desde el punto de vista de la Superintendencia, como del sector de Sernageomin y del Ministerio de Minería, no tenemos denuncias recientes de eso. Lo que pasa es que se reflotó de algo que ocurrió el año 2015".  
"El año 2021, seis años después del proceso público al que alude el delegado, el propio Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) consignó la muerte de equinos en el sector producto de intoxicación por metales pesados. Ofició a la seremi de Salud, a la seremi de Medio Ambiente, y no pasó nada.   Ofició a la seremi de Salud, a la seremi de Medio Ambiente, y no pasó nada. Entonces, no se está reflotando nada de hace 10 años. El Estado ha actuado con negligencia, y la actual administración mantiene esa práctica" expresó el dirigente.
El presidente de CODESA aludió al Ordinario 453 del 21 de diciembre de 2021 del SAG, donde el organismo constató -tras diversos análisis- que tres equinos murieron por consumo de carácter ambiental. 
"Atendiendo estos eventos asociados, en un predio que está en línea directa de la pluma de dispersión del antiguo tranque de relaves de la Mina El Toqui, y tomando en cuenta los antecedentes que respaldarán el dictamen sancionatorio del procedimiento del administrativo F-057-2015 de la Superintendencia de Medio Ambiente, se ha considerado realizar la presente comunicación entre las instituciones del Estado que velan por la protección de la salud de las personas y el medioambiente" dice el documento enviado a Salud y Medio Ambiente.  "En este caso, los equinos afectados estarían siendo indicador biológico de un ambiente contaminado que podría afectar a las personas, por lo que se sugiere establecer una mesa conjunta para definir una estrategia de abordaje de este nuevo evento" puntualizó.
La Mesa Conjunta nunca se estableció. Ni en el gobierno saliente (Sebastián Piñera) ni en el entrante (Gabriel Boric). Mesa que hoy el gobierno no muestra voluntad de establecer, a pesar de que se consignó que en 2024 se presentaron más denuncias por la muerte de animales (vacunos), también presumiblemente por metales pesados.
Al respecto, la dirigenta vecinal de Villa Mañihuales e integrante de la Agrupación Mañíos y Baguales, Gabriela Barrientos, expresó que "la contaminación en Alto Mañihuales nos tiene bastante preocupados.  La nula reacción que ha tenido este gobierno desde sus seremis, en el sentido de sentarse a conversar y buscar las soluciones entre todos. La villa tiene directa relación con Alto Mañihuales".
"Tuvimos una reunión donde los vecinos, muy preocupados, expusieron sus problemáticas: veían que sus animales se les mueren y sus campos se desvalorizan por la contaminación.  Y también el temor que tienen respecto a su salud, que es lo más importante, nos gustaría que el gobierno diera señales más importantes de querer sentarse a conversar con nosotros" indicó.
"Lo único que buscamos es que comiencen a hacerse cargo de esa tremenda problemática que tenemos aquí, a nuestras espaldas de Villa Mañihuales, y que nos afecta también directamente" puntualizó.
A la fecha órganos como Sernageomin, dependiente del Ministerio de Minería, sigue sin sancionar los incumplimientos a la normativa de seguridad minera que se les vienen observando desde el año 2020. Entre las infracciones se incluyen yacimientos sin permisos eléctricos, junto a mecanismos de ventilación y planes de extracción no autorizados.    Esto, sin considerar que el tranque de relaves Confluencia, principal foco de contaminación en la zona, tiene requerimiento de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental desde hace ya varios años, sin embargo, el mismo Estado no ha cautelado que se cumpla esta obligación.
Todo esto quedó consignado en Acta de Fiscalización del 24 de octubre de 2024, donde se constata que tales incumplimientos a esa fecha no habían sido subsanados.  A pesar de todo esto, la empresa ha seguido obteniendo utilidades gracias a la extracción de mineral de yacimientos con autorizaciones pendientes.  A esto se agrega que tampoco ha constituido las garantías financieras que exige la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras.
Todo ello, a vista y paciencia del gobierno actual.