Redacción, Diario El Divisadero 
La investigación por las presuntas irregularidades en la construcción de 13 viviendas rurales en Bahía Murta dio un nuevo paso luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique admitiera a trámite la querella criminal presentada por el diputado René Alinco Bustos.
La acción judicial, patrocinada por el abogado Rodrigo Álvarez Seguel, fue presentada contra quienes resulten responsables y los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para iniciar la investigación correspondiente.
El caso se origina tras observaciones realizadas por Contraloría, organismo que constató que tres partidas asociadas a los cimientos de las viviendas fueron pagadas pese a no encontrarse ejecutadas. Según el informe citado en la querella, esta situación afectaría estructuralmente a la totalidad de las viviendas y motivó un reparo superior a las 12 mil UF, equivalente a más de $500 millones.
La querella plantea la eventual existencia de delitos como fraude al Fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento público, además de posibles responsabilidades de particulares vinculadas a la obtención de prestaciones fiscales improcedentes.
El diputado René Alinco señaló que la presentación responde a su rol fiscalizador y a la necesidad de esclarecer el destino de los recursos públicos involucrados.
"Fiscalizar no consiste solamente en mandar oficios y esperar respuestas. Cuando Contraloría señala que trece viviendas rurales están estructuralmente afectadas y que existen más de quinientos millones de pesos públicos comprometidos, mi deber como diputado de Aysén es actuar".
El parlamentario agregó que la investigación debe permitir conocer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. "No estamos condenando anticipadamente a nadie, pero tampoco vamos a permitir que las responsabilidades se pierdan entre papeles y oficinas".
Por su parte, el abogado patrocinante Rodrigo Álvarez Seguel explicó que la admisibilidad de la querella no determina responsabilidades individuales, sino que abre una etapa de investigación formal para esclarecer los hechos.
"Ahora corresponde reconstruir toda la cadena de certificación, aprobación y pago: quién informó que las obras estaban ejecutadas, quién revisó esos antecedentes, quién autorizó los giros y quién recibió los recursos".
El profesional enfatizó que la investigación deberá desarrollarse con apego al debido proceso.
"El derecho penal no puede utilizarse para fabricar culpables, pero tampoco puede permitirse que eventuales responsabilidades se diluyan en la burocracia. Investigar con rigor protege los recursos públicos, a las familias afectadas y la presunción de inocencia".
La investigación deberá determinar el estado estructural de las viviendas, el eventual perjuicio fiscal y las personas que participaron en los procesos de certificación, revisión, autorización y pago de las obras cuestionadas.
