Los problemas de salud mental que aquejan a una parte de la población de nuestro país han existido siempre, sin embargo, sólo en los últimos años, específicamente desde los años de la reciente pandemia por Covid-19, se le ha otorgado una visibilidad mayor.

Pese a lo anterior, hay un tema que ha tenido poca o casi nula discusión pública, que tiene que ver con el problema de las personas enajenadas mentales, al momento de ser objeto de un proceso penal.

En nuestro sistema penal, dependiendo de la naturaleza del delito y otras condiciones, los imputados enajenados mentales no pueden ser privados de libertad en recintos carcelarios comunes, sino que deben ser objeto de lo que llamamos internación provisional, lo que se debe concretar en un establecimiento de salud.

Para cumplir esta obligación, cada hospital debiera tener una infraestructura especial, un espacio físico, dotado de profesionales idóneos, para cuando se requiera internar a los usuarios que presentan problemas de salud mental y que necesitan permanecer recluidos, a causa de una investigación penal.

Lamentablemente, este tipo de establecimientos escasea en nuestro país y en nuestra región. Los hospitales regionales o de las diversas comunas además de no dar abasto, no están del todo capacitados para contener y tratar a personas que, si bien son pacientes, también están privadas de libertad, por lo que quienes caen en esta situación, quedan en un "limbo" administrativo entre Gendarmería y los hospitales públicos.

La realidad de la Región de Aysén es más precaria aún, toda vez que imputados enajenados mentales de diversas localidades deben trasladarse a la capital regional, quedando en el total desarraigo familiar y social, donde la necesidad de desocupar camas toma más importancia que la realidad de atacar el problema propiamente tal. Y es que en nuestra región son muy pocas las camas que se asignan a salud mental, por lo que siempre se presentan urgencias que se imponen a quienes están internos por una medida judicial.

Es cierto que un país como el nuestro está lleno de urgencias y necesidades de diversa índole, con un presupuesto restringido que, a la fecha, no ha podido hacerse cargo de estos requerimientos, sin embargo, es de esperar que pronto se concreten avances en nuestro sistema de salud público, que permitan cubrir todas las necesidades de la población. En particular esperamos que se visibilice y se tomen acciones, en un tema poco tocado, como las personas imputadas, enajenadas mentales y que, además, deben permanecer en custodia y/o privados de libertad.