La discusión del proyecto de Reconstrucción Nacional ha reabierto un debate clave: cómo se distribuye la carga tributaria en una economía profundamente heterogénea. Desde la Multigremial Nacional de Emprendedores y OGANA A.G., creemos necesario decirlo sin ambigüedades: las pymes —y particularmente la Pyme agroganadera regional— no pueden seguir siendo tratadas como si operaran bajo las mismas condiciones que las grandes empresas.

La propuesta de convergencia de tasas, que en la práctica reduce la carga de las grandes compañías mientras aumenta la de las pymes, no es un ajuste neutral. Es una redefinición de la estructura tributaria con efectos distributivos claros. Una Pyme no es una gran empresa en menor escala: enfrenta restricciones de liquidez, acceso limitado al crédito, alta exposición a shocks y una dependencia crítica de sus flujos de caja. En ese contexto, igualar tasas no es sinónimo de equidad.

En Aysén, esta discusión adquiere un carácter urgente. La Pyme agroganadera —base productiva de la región— ha debido absorber en los últimos años alzas significativas en contribuciones de bienes raíces rurales derivadas de procesos de retasación. Esto ha empujado a muchos productores a abandonar el régimen de renta presunta y migrar hacia esquemas de tributación efectiva, donde la carga fiscal depende directamente de resultados contables en contextos donde la rentabilidad no ha crecido en igual proporción. El resultado es un aumento efectivo de la presión tributaria sobre unidades productivas de baja resiliencia financiera.

El impacto no es marginal. El sector agropecuario en Aysén representa cerca del 2% del PIB regional, pero genera alrededor del 9% del empleo. Es decir, es un sector intensivo en trabajo y fundamental para la cohesión territorial. Cuando se tensiona su viabilidad, no solo se afecta la producción, sino la permanencia de familias, la continuidad de sistemas productivos y la estabilidad social de la región.

A nivel país, la evidencia es igualmente clara. Las pymes representan más del 97% de las empresas y generan hasta el 65% del empleo, pero explican solo entre el 15% y el 20% de las ventas totales. La gran empresa concentra la mayor parte de los ingresos y del capital. Esta asimetría refleja una alta concentración de los factores productivos. En ese contexto, avanzar hacia una uniformidad tributaria sin reconocer estas diferencias no corrige desigualdades: las profundiza.

El argumento de que la reducción de impuestos a las grandes empresas generará beneficios indirectos para las pymes vía inversión es, en el mejor de los casos, incierto en el corto plazo. Estos mecanismos de transmisión no son automáticos ni homogéneos. En cambio, el impacto de un aumento tributario sobre una Pyme es inmediato: menos liquidez, menor capacidad de inversión y menor resiliencia frente a contingencias.

El punto de fondo es conceptual. Equidad tributaria no es uniformidad. Tratar igual a actores estructuralmente distintos no es neutral: es regresivo. Y cuando esas decisiones recaen sobre un sector que sostiene gran parte del empleo y del tejido productivo regional, el riesgo no es solo económico, sino social.

No se trata de oponerse al crecimiento ni a la inversión. Se trata de entender que el crecimiento debe ser inclusivo y territorialmente equilibrado. Una política que fortalece a quienes tienen mayor capacidad de ajuste, mientras debilita a quienes sostienen la producción y el empleo local, arriesga un desarrollo concentrado y frágil.

Chile necesita una política tributaria que reconozca la diversidad de su estructura productiva. De lo contrario, el costo lo pagarán —una vez más— quienes tienen menos margen para absorberlo

Pablo Mata A

Presidente
Asociación Gremial Agrícola y Ganadera Austral

Rama de Ganadería MGN

Juan Pablo Swett

Presidente
Multigremial Nacional de Emprendedores, MGN