La discusión sobre la Ley denominada de Megarreforma o de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social,   y sus inminentes reformas en materia económica, tributaria y de "permisología" ha tomado el centro de la agenda pública. 

Para una región extrema como la nuestra, esto no es solo un debate legislativo abstracto; se trata del diseño del motor que moverá nuestra economía local en las próximas décadas. Sin embargo, el verdadero reto no está en el papel de la ley, sino en cómo se ejecuta en el territorio de Aysén.

La  "bajada" de las  directrices nacionales a los sectores productivos e institucionales de Aysén revela una fractura histórica: la falta de sintonía fina. 

En la práctica actual, los diferentes sectores operan como islas. No siempre conversan entre sí, carecen de empatía mutua frente a las urgencias locales y, lo que es más preocupante, no logran subordinarse ni coordinarse de manera fluida bajo los criterios del Gobierno Regional, que es la autoridad principal llamada a conducir el desarrollo de nuestra zona. Ejemplo de esta porfía ha sido la ya ganada lucha por el financiamiento de la construcción de los caminos intraprediales , seguros agrícolas para protección de daños por mortandad ovina, opción por puentes mecánicos, infraestructura para riego, etcétera, en que los actuales Gobernador Regional y Delegado Provincial de Aysén y el suscrito, siendo consejeros regionales por años, efectuamos esfuerzos para convencer a los actores de que con ellos o sin ellos sí se podía.

Ante este escenario de fragmentación, y de asimetría de regulaciones,  la improvisación es un lujo que Aysén no se puede permitir. Se hace urgente y prioritaria la creación de una Comisión Público-Privada por parte del Gobierno Regional. Este espacio no debe ser una mesa burocrática más, sino un órgano técnico y vinculante encargado de dos tareas críticas: el seguimiento exhaustivo y la evaluación del impacto real de esta nueva normativa en nuestra realidad regional.

¿Por qué una alianza público-privada? Porque el éxito de la "permisología" eficiente o de los incentivos tributarios no se mide en las oficinas de Santiago, sino en la capacidad de un emprendedor de Puerto Aisén para levantar un proyecto o en la viabilidad de una pyme en Cochrane. Reunir a la academia, los gremios productivos, la sociedad civil y los servicios públicos bajo el liderazgo del Gobierno Regional permitirá unificar criterios.

Esta comisión debe actuar como un puente de gobernanza. Su objetivo principal debe ser alinear las agendas sectoriales —muchas veces centralistas y rígidas— con la estrategia de desarrollo que los propios aiseninos hemos definido. Si los sectores no se sientan a la mesa bajo una conducción regional clara, el impacto de la ley se diluirá en trabas administrativas y malentendidos institucionales.

La Reconstrucción Nacional es una oportunidad de oro, pero solo si la abordamos con pertinencia territorial. El Gobierno Regional tiene la responsabilidad histórica de convocar a esta comisión para exigir que las reformas se traduzcan en bienestar real, empleo y sustentabilidad para nuestra gente. 

Es hora de dejar de operar como compartimentos estancos y empezar a actuar como una sola región.

Confiemos en que el Gobernador Regional liderará la supervisión y colaboración en la ley de reconstrucción económica en sus múltiples materias y beneficios que considera impacten de modo efectivo y concreto en la Región de Aysén, y no ocurra que sean eficaces para nuestras regiones hermanas en que por otra década nos saquen "trancos"  más largos y rápidos que acrecienten nuestro distanciamiento con sus mejores índices de crecimiento o desarrollo.

Quizás sea la Corporación de Desarrollo del Gobierno Regional que sea depositaria de la necesidad de contar con una instancia de observación y evaluación crítica de cómo es que en la región de Aysén se están aplicando las nuevas normas de reconstrucción, en términos de impacto local, comunal y regional, en modo comparativo a nuestra región hermana del norte y de más al sur.

Obviamente no basta que sea cada uno de nuestros tantos ministros de Estado quien evalúe si llegan a la comunidad aisenina los frutos o cómo es que llegan si es que llegan, pues nunca  es objetiva ni imparcial una autoevaluación. Lo que se requiere en estos tiempos de urgencia es que sea un tercero como el Gobernador Regional quien, con ciertos comisionados dotados de méritos de  razonable capacidad, idoneidad e independencia, observe, evalúe e informe a la comunidad; y que, de ser pertinente, reclame y pida las enmiendas que se requieran a nivel nacional.