La controversia por la permanencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, sigue generando repercusiones y ha puesto al Presidente José Antonio Kast frente a un escenario complejo. Para parte de la ciudadanía, el Ejecutivo no ha enfrentado esta situación con la prudencia ni la oportunidad requeridas. Pero más allá de esta crisis, hay una pregunta que merece instalarse desde las regiones: ¿quién evalúa a las autoridades que representan al Gobierno en los territorios?

Seremis y directores de servicios ocupan cargos de confianza política y cumplen un papel relevante en la implementación de las políticas públicas. Sin embargo, su evaluación depende principalmente de los ministerios y del nivel central. Las comunidades regionales tienen escasas herramientas para incidir, aunque conviven con las consecuencias de una gestión deficiente o de respuestas tardías.

En Aysén, esta situación abre una brecha entre la responsabilidad territorial y la capacidad de exigir resultados. Cuando un seremi no responde a las demandas de su sector o su gestión no está a la altura de los desafíos regionales, la ciudadanía espera medidas. Lo razonable sería contar con mecanismos para revisar ese desempeño y, si corresponde, disponer cambios. Sin embargo, la continuidad de estas autoridades se resuelve desde Santiago.

Incluso la delegada presidencial regional, representante del Presidente en el territorio, tiene atribuciones limitadas para incidir en la conformación de su equipo. Se le exige coordinar el gabinete regional, pero no necesariamente cuenta con herramientas para corregir sus debilidades o solicitar el reemplazo de alguno de sus integrantes.

La discusión no busca desconocer la confianza política detrás de estos nombramientos ni las atribuciones de cada ministerio. Se trata de reconocer que la gestión pública debe responder a las particularidades de cada región. Las autoridades necesitan conocer el territorio, actuar con eficiencia, mantener cercanía con la ciudadanía y entregar respuestas oportunas. No basta con cumplir los equilibrios definidos a nivel central.

Por eso, sería conveniente avanzar hacia mecanismos de evaluación que incorporen una mirada regional y consideren la opinión de quienes conocen el desempeño de estas autoridades. La delegación presidencial, los gobiernos regionales y la ciudadanía debieran contar con espacios para plantear observaciones y exigir mejoras, respetando las atribuciones de cada institución.

La descentralización también debe expresarse en la evaluación de quienes ejercen cargos de confianza en las regiones. Si las decisiones se toman lejos del territorio y sin considerar sus resultados, se corre el riesgo de mantener autoridades que no responden a las necesidades locales. Esa distancia debilita la confianza ciudadana en el Estado.