La muerte de más de 900 toneladas de salmones en centros de Multiexport Patagonia, dentro de la Reserva Nacional Kawésqar, revela una contradicción: conocemos rápidamente las pérdidas productivas, pero poco sobre las consecuencias ambientales de estas emergencias en un área que el Estado decidió proteger por su valor ecológico.

Las floraciones algales pueden ocurrir naturalmente, pero la salmonicultura favorece condiciones para su proliferación. Sus jaulas concentran miles de peces, alimento no consumido, fecas y residuos orgánicos que llegan al fondo marino, además de sustancias químicas y medicamentos usados en la producción. Esta carga puede reducir el oxígeno, alterar los ecosistemas y favorecer la eutrofización.

En este escenario, la mortalidad masiva no es solo una contingencia productiva, sino que añade presión a un entorno ya afectado por la actividad industrial. Por eso, no basta con saber cuántas toneladas de peces muertos retiró la empresa. Resulta también urgente conocer qué ocurre en las aguas y fondos marinos de la reserva, si se han medido el oxígeno, los nutrientes y la materia orgánica en estos lugares, o si contamos con los antecedentes para descartar daños a otras especies.

También hay preguntas sobre la prevención. Según Sernapesca, la floración se monitoreaba desde mediados de septiembre, casi tres semanas antes de la activación de los planes de contingencia. ¿Qué hizo la empresa para anticiparse? ¿Fueron suficientes sus medidas y su capacidad de respuesta?

La preocupación aumenta ante la recientemente promulgada Megarreforma, que busca facilitar la relocalización de concesiones salmoneras. Aunque el Tribunal Constitucional objetó parte de sus disposiciones, existe el riesgo de que la Reserva Nacional Kawésqar reciba operaciones trasladadas desde parques nacionales de la región.

Por eso son indispensables la fiscalización oportuna, las mediciones en terreno y el seguimiento de los impactos acumulativos, así como las sanciones cuando se acrediten los daños. No basta con supervisar el retiro de los peces muertos: hay que evaluar el estado del ecosistema antes, durante y después de estas emergencias, con resultados públicos y verificables.

Greenpeace solicitó formalmente a Sernapesca los antecedentes técnicos del episodio, las medidas preventivas, las fiscalizaciones y la trazabilidad de la mortalidad hasta su destino final. La responsabilidad de una empresa no termina al retirar los peces muertos, menos aún si opera dentro de una reserva nacional.

Chile no puede seguir permitiendo que una industria altamente contaminante opere en áreas destinadas a proteger la biodiversidad y, a la vez, promover cambios que podrían aumentar su presión sobre ellas. Una reserva nacional no puede convertirse en zona de sacrificio salmonero. Mientras la industria cuenta toneladas perdidas, seguimos sin conocer el costo para los ecosistemas patagónicos. Y ese es un costo que no podemos seguir pagando.