Redacción, Diario El Divisadero 
Un significativo aumento en los reclamos por problemas para acceder a información pública se registró en la Región de Aysén durante el primer semestre de 2026, según reveló un balance elaborado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que también evidenció un mayor uso de los mecanismos ciudadanos para solicitar antecedentes a organismos del Estado.
De acuerdo con el informe, los reclamos y amparos relacionados con dificultades en la entrega o publicación de información pública aumentaron un 45,7% en comparación con igual periodo de 2025, mientras que las solicitudes de acceso a información dirigidas a instituciones públicas de la región crecieron un 7,3%.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, destacó el creciente interés de la ciudadanía por utilizar estas herramientas, incluso en territorios alejados de los principales centros administrativos del país.
"En Aysén aumentaron tanto las solicitudes de acceso a información como los amparos y reclamos presentados ante el Consejo. Esto sugiere que el derecho a acceder a información pública es un derecho relevante que cada día se conoce y usa más, incluso en regiones extremas", afirmó.
Pese al aumento registrado, Aysén representa una proporción reducida del total nacional, concentrando el 0,8% de las solicitudes de información pública y el mismo porcentaje de los reclamos y amparos ingresados ante el organismo fiscalizador.
El fenómeno también se observa a nivel país. Durante los primeros seis meses de 2026 se contabilizaron 167.185 solicitudes de acceso a información pública, cifra que representa un incremento del 6,8% respecto del mismo periodo del año anterior y constituye el registro más alto para un primer semestre.
En paralelo, los reclamos y amparos alcanzaron los 8.620 casos a nivel nacional, con un crecimiento del 20,7% en comparación con 2025. De esta manera, el incremento registrado en Aysén supera ampliamente el promedio nacional en materia de reclamaciones.
Asimismo, la normativa contempla sanciones para autoridades y funcionarios que incurran en incumplimientos, quienes, previa investigación sumaria, pueden enfrentar multas equivalentes a entre el 20% y el 50% de su remuneración mensual.
