El anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, introduce un cambio relevante en la orientación de la política tributaria chilena. Luego de los devastadores incendios que afectaron a las regiones de Ñuble, Biobío y Valparaíso, el gobierno propone combinar medidas de emergencia con ajustes tributarios orientados a incentivar la inversión y reactivar la economía.

Desde el punto de vista tributario, tres medidas destacan dentro del paquete anunciado: la reducción de la tasa del Impuesto de Primera Categoría (IDPC), la eliminación temporal del IVA a la venta de viviendas nuevas y la exención del pago de contribuciones para adultos mayores respecto de su primera vivienda.

La reducción de la tasa corporativa del 27 al 23%, constituye la medida estructural más significativa. Según el Ejecutivo, esta rebaja busca acercar la carga tributaria corporativa a los promedios de la OCDE y mejorar la competitividad del país para atraer inversión. Sin embargo, su impacto dependerá no solo del nivel de la tasa, sino también de la estabilidad normativa del sistema tributario. En economías abiertas como la chilena, la certeza jurídica y la claridad en la aplicación de las normas suelen ser factores determinantes para la toma de decisiones de inversión.

La eliminación del IVA a la venta de viviendas durante doce meses busca dinamizar el sector inmobiliario, donde actualmente existe un importante stock de viviendas sin vender que convive con un déficit habitacional significativo. La medida pretende acelerar la venta de estas unidades y estimular la actividad de la construcción, sector que además tiene un fuerte efecto multiplicador en el empleo.

Asimismo, el proyecto contempla un subsidio macroeconómico al trabajo, mediante el cual el Estado devolvería a los empleadores parte de las cotizaciones previsionales pagadas por sus colaboradores. Aunque se trata de una medida laboral más que tributaria, su efecto puede ser especialmente relevante para pequeñas y medianas empresas, al reducir el costo de contratación formal e incentivar la generación de empleo.

En conjunto, estas medidas reflejan un enfoque que busca estimular la inversión y el crecimiento económico como base para la recuperación del país.