Redacción, Diario El Divisadero
Ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique se realizó la audiencia de reformalización de cargos en contra del exalcalde de Coyhaique, Alejandro Huala Canuman, y su colaborador Julio Villarroel Rojas, quien se desempeñaba como director de Secplac durante su administración, en la que se licitaron dos proyectos para renovar luminarias de la comuna.
Además de ellos, se reformalizó a otros seis imputados, León Marcelo Lefort, Ricardo Rodríguez, Leonardo Bustos y Pedro Guerra, ejecutivos de la empresa Itelecom; y a Álex Fuenzalida y Cristián Ureta, representantes de la empresa intermediaria Panal SpA, por el delito de soborno.
A ambos exfuncionarios se les atribuye una presunta participación en los delitos de cohecho y revelación de secreto. Sin embargo, de acuerdo a nuevos antecedentes aportados por el Ministerio Público, entre los que se encuentran el levantamiento de secreto bancario, se logró recabar información que acreditaría que entre Huala y Villarroel habrían recibido más de 302 millones de pesos en sobornos, con el objetivo de favorecer a la empresa Itelecom en dos licitaciones públicas durante 2016 y 2017, para el recambio de luminarias de sectores urbanos de la comuna.
Según detalló el fiscal Luis González Aracena, a cargo de la investigación, "para cumplir con el ofrecimiento de dinero a los funcionarios municipales, se continuó gestionando el pago de soborno de la forma antes descrita, esto es por intermedio de la emisión de cheques, desde la empresa Itelecom. Lo anterior fue acordado a través de una planificación acordada por los imputados, Lefort, Rodríguez, Bustos, Guerra, Fuenzalida y Ureta".
El último pago, correspondiente a soborno, se habría entregado en efectivo y en Coyhaique al exalcalde y exdirector de Secplac a fines de mayo del año 2017.
En aquella ocasión, el pago del soborno habría sido para retribuir la entrega de las bases técnicas y administrativas de la licitación a la empresa Itelecom antes de su publicación, la que habría sido devuelta con apuntes que se agregaron a la licitación pública. "Previo a la publicación del referido informe de evaluación de la licitación, el imputado Julio Villarroel, quién tenía a cargo el proceso de evaluación, concertado y con conocimiento y en presencia de Huala, entregó a los imputados el texto de informe de evaluación, con el objeto de dar ventaja a Itelecom y así lograr su adjudicación", indicó el fiscal González, a cargo de la investigación.
En la audiencia, el fiscal del Ministerio Público solicitó un aumento en el plazo de investigación, el que fue fijado por el tribunal en 120 días. Sobre esto, el fiscal González indicó "las conductas realizadas por los imputados Alejandro Huala Canuman y Julio Villarroel Rojas configuran las infracciones al: principio de probidad administrativa, en calidad de reiterados, delitos consumados y en calidad autores. En cuanto a cohecho, en carácter de reiterado, consumado y participación como autores y lo mismo en cuanto a violación de secreto".
Por su parte, la defensa de los imputados Huala y Villarroel rechazó la ampliación de plazo. El abogado Néstor Gómez, defensor del exalcalde Huala se opuso a la ampliación de plazo "debido a que es la segunda solicitud de ampliación que solicita el Ministerio Público y antes ya se habían indicado las diligencias que se podía realizar para esta audiencia donde estaba pendiente las pericias contables y, las que dio origen a partir de la incautación de computadores de la Municipalidad de Coyhaique. si no mal recuerdo, se dio en el 2019 y llevamos casi tres años aún a la espera de esos resultados, por lo que en este caso y de aprobarse la ampliación de investigación, solicitamos que sea en 90 días".
Hay que recordar que luego de la primer audiencia de formalización realizada en febrero pasado, Alejandro Huala quedó con arraigo comunal y Julio Villarroel con arraigo nacional. Sin embargo, las medidas cautelares en contra de los imputados, no fueron modificadas.
