Un reportaje emitido por 24 Horas de TVN reveló la existencia de importantes recursos económicos provenientes de Noruega y que han sido destinados para comunidades lafkenches ubicadas en la zona austral del país con el objetivo de detener proyectos salmoneros.

Se trataría de aportes cercanos a los 500 millones de pesos destinados a comunidades de origen indígena y que son gestionados a través de la ONG noruega Norwegian People's Aid, cuyos fondos provendrían del propio gobierno de ese país.

Según el reportaje, estos aportes buscan impulsar reclamaciones territoriales que impiden el desarrollo de proyectos salmoneros en el litoral austral, que son competencia directa de la producción salmonicultora de Noruega. Hoy el 80% de la producción de salmón proviene de Chile y de su competidor nórdico.

De hecho, muchas de las empresas instaladas en territorio nacional tienen origen en gigantes productores noruegos que han potenciado la industria en el mar de Los Lagos, Aysén y Magallanes, compartiendo tecnología, experiencias y recursos económicos.

El reportaje encendió las alarmas en el Congreso, donde el presidente de la comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, el diputado Alejandro Bernales (PL) señaló que "esta es una situación sumamente gravísima que debe ser aclarada. Si aquí hay compatriotas recibiendo dinero para perjudicar el crecimiento económico a nuestro país, estas personas incluso tienen que tener un castigo penal". 

Incluso, el diputado Guillermo Valdés (PDG) adelantó que oficiará a "Cancillería para que verifique la veracidad de los hechos. De confirmarse, espero que nuestro Gobierno tome cartas en el asunto. Además, buscaré en la Comisión de Pesca citar al embajador de Noruega para que entregue las explicaciones correspondientes".

La diputada Alejandra Valdebenito (UDI) condenó la situación. "Nos parece no solamente grave, sino también completamente desleal. Aquí hay un país extranjero que, directa o indirectamente, podría estar intentando influir en decisiones que son propias de Chile, afectando nuestros intereses, nuestro comercio y, especialmente, el desarrollo productivo de regiones clave".

Ley Lafkenche en el centro del debate

Y mientras tanto, la controvertida Ley Lafkenche queda en el medio de la tormenta. Promulgada en 2008, dicha legislación establece un marco para la protección y administración de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) y permite a las comunidades indígenas gestionar zonas del borde costero que han utilizado ancestralmente, con el fin de desarrollar actividades tradicionales y de subsistencia, reconociendo además su vínculo cultural y espiritual con el mar.

En el reportaje de 24 Horas, Daniel Caniullán, dirigente de la Comunidad Lafkenche de Melinka, aseguró que "no hay una muy buena impresión de las prácticas de la industria noruega por parte de la comunidad lafkenche".

Además indicó que, como comunidad indígena, no están pidiendo que la industria salmonera se vaya de Aysén. "Creemos que con las 720 concesiones que tienen en Aysén, ocupan un 40% y tienen 400 concesiones todavía para dar uso", aseguró.

Para el dirigente, la prioridad es "que haya una sana convivencia y las concesiones que hoy están dentro de las  áreas silvestres protegidas, si quieren dar un buena imagen, tienen que salir voluntariamente de ahí e instalarse en las áreas de libre acceso".

Diputados piden investigar

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) pidió investigar el tema y llamó a "avanzar en modificar significativamente la ley Lafkenche, porque esta es una ley que ha sido para perjudicar la economía de nuestro país deteniendo proyectos importantes que significarían una gran fuente de trabajo en distintas zonas de nuestro país. Por tanto, debemos y tenemos que avanzar en la modificación sustantiva o eliminación de la ley Lafkenche".

Desde el senado, Miguel Calisto (IND-FRVS) hizo un llamado al Gobierno a dotar de urgencia legislativa al proyecto de ley que busca obligar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a transparentar su financiamiento. "Estas comunidades llevan hoy día más de cuatro millones de solicitudes de hectáreas de mar, lo que evidentemente busca detener la actividad productiva en la zona sur austral, no solamente en la salmonicultura, sino que también del recurso bentónico, así como también la pesca blanca", comentó.

El propio Calisto es autor de dicho proyecto de ley que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Gobierno del Senado que, según insistió, "busca transparentar el financiamiento de las ONG en Chile, de tal manera de conocer y saber quiénes son y cuáles son los intereses de otras industrias particularmente, que compiten con Chile a nivel internacional y que buscan desincentivar o afectar nuestras propias industrias nacionales".

Además para Calisto, la Ley Lafkenche "no tiene ninguna lógica su aplicabilidad, tomando en cuenta que lo único que hace es obstaculizar el desarrollo de una industria que, en el caso de la salmonicultura, podría crecer entre dos o tres veces más de lo que hoy día existe".

La diputada Valdebenito también recalcó este punto indicando que "de confirmarse estos antecedentes, estaríamos frente a una situación que afecta la competencia leal y que podría vulnerar principios básicos de nuestra soberanía económica".

Además, anunció que también solicitará "que se cite al embajador de Noruega en Chile para que entregue explicaciones claras respecto de estos antecedentes. Chile merece transparencia y respeto en sus procesos internos, especialmente cuando está en juego el desarrollo de nuestras regiones y el bienestar de nuestra gente".

Consejo del Salmón llama a competir con "buenas prácticas"

Desde el Consejo del Salmón, conglomerado gremial que agrupa a seis empresas (entre ellas Mowi, de capitales noruegos), su presidenta Loreto Seguel, defendió la competencia entre ambos países por el control del mercado del salmón, pero llamó a que dicha competencia sea leal. "Somos competidores, pero compartimos un propósito común: aportar al desarrollo sostenible y al bienestar global", expresó agregando que es responsabilidad del sector asegurar que la competencia se ejerza bajo "buenas prácticas".

"Nuestro trabajo es, y seguirá siendo, generar las condiciones para que Chile continúe siendo un país líder en la salmonicultura. Esto implica promover buenas prácticas, fortalecer estándares y responder a mercados cada vez más exigentes, que demandan productos de alta calidad y sostenibles", finalizó.