Revuelo ha causado el reportaje transmitido por TVN bajo el título "Salmón: cooperación en superficie, guerra bajo el agua".  En éste se cuestiona la entrega de recursos de "Noruega a comunidades lafkenche por salmoneras", apuntando al financiamiento de unos $500 millones para sus actividades, fondos que -por lo menos así lo señala el medio en sus redes sociales- provendrían "de actores vinculados al rubro".

Alarma ha causado la pieza audiovisual.  Y muchos de quienes desde siempre han hecho la vista gorda con las ilegalidades de la industria (sobreproducción en parques y reservas nacionales, elusión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contaminación de ecosistemas frágiles, intervención política a través de financiamiento para campañas, etc.) hoy rasgan vestiduras, como si la ética y el cumplimiento de la legalidad fueran su objetivo fundamental.

Elaborar un artículo periodístico, más aún en un medio público como TVN, no es fácil.  Debe incorporar múltiples y diversas voces, intentando no inducir respuestas y buscando honestidad en cómo se despliega la información recopilada.  Esto, además de revelar conflictos de interés al momento de la producción y difusión.

Sobre esto último, claramente Amaro Gómez-Pablos y TVN no estuvieron a la altura.  El hecho de que su gerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos, José Joaquín Valdés, haya ocupado entre 2016 y 2024 (año en que asumió en el canal público) el mismo cargo en SalmonChile no puede abordarse con ingenuidad.   Tampoco que el reportaje aparezca justo cuando asume la Presidencia José Antonio Kast, férreo opositor de la Ley Lafkenche y fan declarado de la industria.

Al respecto, el Código de Ética del Colegio de Periodistas es claro en su artículo 21: "El o la periodista deberá transparentar los posibles conflictos de interés que puedan tener incidencia sustancial en la orientación del trabajo periodístico final".

Ya en el contenido, lo importante a estas alturas no es sólo lo que se desplegó, también lo que se omitió. 

La falta de profundidad sobre los impactos sanitarios del rubro en los mares de la Patagonia y su diferencia con los del norte de Europa es notoria.  Situación imposible que el autor desconociera.

Aún más, no aborda la diferencia de regulaciones entre Chile y Noruega.  En ese país sí están prohibidas las concesiones salmoneras en parques y reservas nacionales. Tampoco recuerda que en Noruega el salmón es nativo, no como en Chile que es exótico, con los múltiples impactos que las especies introducidas ocasionan.

Omite a su vez que las más importantes empresas salmoneras que operan en Chile son nórdicas.  Ejemplo son Mowi (el principal productor del mundo) y Cermaq (que apareció en el reportaje sin aclarar la nacionalidad), contra quienes las propias comunidades indígenas, organizaciones socioambientales y comunidades han presentado múltiples acciones por sus impactos ambientales.    

Porque hay algo que no aborda el reportaje: el problema no es con las empresas nacionales, es con un Estado y una industria en general que en Chile lucra con la destrucción ambiental.

Dice Amaro Gómez-Pablos que "los noruegos" están financiando una competencia desleal contra compañías de nuestro país.   

En realidad, es la ONG Norwegian People's Aid -y no su Estado- la que ha apoyado las acciones de las organizaciones indígenas, en el marco de su objetivo de solidaridad global, que incluye "acción contra las minas y el desarme", "servicio de rescate y primeros auxilios", "desarrollo y cooperación humanitaria" y "refugiados e integración" en una treintena de países, donde Chile es uno más.  Están también Bolivia, Perú, Ecuador, Angola, Palau, Ucrania, Palestina, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador y un sinnúmero de otras naciones.  Por ello, señalar que los noruegos financian como nación una batalla contra las salmoneras en nuestro país sin explicar la autonomía de las ONG nórdicas ni que en su agenda está apoyar las reivindicaciones territoriales de pueblos originarios a nivel global es, a lo menos, parcial. 

Esto sin dejar de mencionar que los 500 mil dólares con que generan alarma (y que lleva a hablar de una ofensiva de Noruega contra Chile) son una ínfima parte del presupuesto total de la organización (que sólo en 2023 bordeó los 160 millones de dólares) y que mayoritariamente destinan a otras acciones.  Claramente, las salmoneras al sur del continente americano no son parte de su agenda.

De todo ello careció el reportaje de Amaro Gómez-Pablos. Donde abundaron quienes respaldan a la industria, a la vez que faltaron las voces críticas de ésta. Donde el tono fue de condescendencia, sembrando una teoría de conspiración que no existe. 

Porque la única y real competencia desleal es la que fomenta el Estado chileno al permitir que un sector productivo rebaje costos quebrantando la ley y destruyendo nuestro rico patrimonio ambiental austral.