Una investigación basada en datos de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) revela una crisis de cumplimiento en la industria salmonera. Entre 2012 y 2025, el 30% de los procesos sancionatorios iniciados contra el sector (70 en total) corresponden a infracciones cometidas dentro de zonas bajo protección oficial.

Aunque la legislación chilena prohíbe explícitamente la salmonicultura en los Parques Nacionales desde 1989, la industria continúa operando decenas de centros en estas áreas. En contraste, en las Reservas Nacionales y Forestales, la actividad fue permitida tras un cambio normativo en 2002.

Actualmente, se estima que existen cerca de 400 concesiones en áreas protegidas, siendo las Reservas Nacionales Kawésqar y Las Guaitecas las que concentran la mayor cantidad de procesos por irregularidades.

La falta más recurrente es la sobreproducción, donde las empresas exceden los límites de salmones permitidos, agravando fenómenos como la hipoxia (falta de oxígeno en el agua) debido a la acumulación de heces y alimento.

Entre los casos más críticos destacan:

• Nova Austral: Sancionada con más de un millón de dólares por alterar artificialmente el fondo marino en el Parque Nacional Alberto de Agostini para ocultar daños ambientales.
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• Cooke Aquaculture: Enfrenta multas de 1.5 millones de dólares y la clausura de centros en el Parque Nacional Laguna San Rafael tras producir miles de toneladas por encima de lo autorizado.

Mientras organizaciones ambientales denuncian la vulneración de tratados internacionales, la industria salmonera —que representa el 2% del PIB nacional— alega que existe una "excesiva fiscalización" que frena el negocio. El panorama futuro es incierto: mientras se implementa la nueva ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el actual gobierno ha prometido medidas de desregulación para impulsar la economía.