La semana pasada más de cien organizaciones de la sociedad civil demandaron al gobierno implementar las recomendaciones del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos, David Boyd, quien tras conocer la realidad de la industria salmonera en nuestro país en el 2023 y ante su  crecimiento de 117% anual, emitió un informe en el cual se puede leer que: "La salmonicultura es una de las principales amenazas para el medio ambiente que enfrenta la Patagonia, especialmente el Parque Nacional Kawésqar, que es un peligro para la conservación de especies y ecosistemas, entre ellas treinta y dos especies de cetáceos". 

Y que: "la industria del salmón ha contribuido al aumento de los desechos industriales en las playas, el agua y los fondos marinos", recomendando al gobierno "una moratoria sobre la expansión de la acuicultura del salmón, a la espera de un análisis científico independiente de los impactos ambientales adversos" de esta industria cuya producción en 80% está destinada a la exportación. No sería la primera vez que esa industria colisiona con los derechos humanos, ya en el 2021 se emitió otro informe, esa vez por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, y su símil danés.

El informe del Relator Especial fue comentado sarcásticamente por Carlos Odebret, presidente de los salmonicultores coloniales en Magallanes, descalificándolo con su típica prepotencia de dueño de fundo marino, aludiendo que ellos no ocupan el parque Nacional Kawésqar, sino que solo 0,1 % de la Reserva Nacional del mismo nombre y que ya hay una moratoria vigente hace años. La cuestión es que, nuevamente, olvida que la RN Kawésqar colinda con el parque (y debiera ser parte de él), que ambos están interrelacionados, que la contaminación, escapes, daños a la biodiversidad afectan bastante más allá de sus concesiones y evidentemente también al parque y que por algo el artículo 67 de la Ley de Pesca y Acuicultura dispone que la Zonificación del Borde Costero debe fijar una franja de exclusión de salmoneras en los bordes marinos de parques nacionales terrestres. 

Eso, aparte de la ocupación ilegal del Parque Nacional A. De Agostini de la contumaz salmonera propiedad de bancos noruegos, Nova Austral, que por cierto convenientemente olvida. Y respecto a la moratoria ¿Cómo explica el crecimiento de 117% anual de esa industria habiendo moratoria? ¡Como que algo huele mal! ¿O no? Y por algo es la insistencia de la industria en ocupar la Reserva Kawésqar. Por lo demás, Odebret debiera saber que uno de los puntos débiles de su industria, es precisamente aquel internacional, donde, entre otros, el salmón chileno tiene menor precio a aquel de otros productores. ¿No será que el salmón chileno no tiene muy buen prestigio en mercados algo más exigentes? ¿No será que esa industria debe cuidar su imagen internacional donde su actuar mafioso, ese que usan acá, no les sirve y más bien perjudica? 

Y respecto al informe del INDH e Instituto Danés de DDHH del 2021 "Industria Salmonera en Chile y Derechos Humanos" éste consigna los siguientes hallazgos:  Vulneración de DDHH en tres áreas: laboral, socio ambiental y con temas relacionados a pueblos indígenas. En lo laboral se consignan sueldos bajo lo digno, sistemas de turnos que afectan la vida familiar y salud mental, contratos que ponen en riesgo las vacaciones, el nivel de salud física y la sindicalización, además de los derechos de las mujeres a la salud, condiciones sanitarias deficientes y derechos de embarazadas y resguardo al acoso sexual. 

En cuanto a medio ambiente y pueblos originarios, se consignan problemas con las aguas de las comunidades y su libre acceso, su contaminación y que la voz de ellas no es tomada en cuenta. Además, hay empresas instaladas en áreas indígenas y se consigna que los Pueblos Originarios, el Estado y empresas entienden el desarrollo de modo diferente. Súmese que se califica proyectos con Declaraciones Ambientales cuando en muchos casos ameritan Estudios de Evaluación Ambiental. Ese informe, además, hace un llamado al Estado a involucrarse con un mayor compromiso y establecer un marco normativo adecuado a la industria.

A propósito de derechos laborales, vale agregar a lo anterior, que en el mes pasado nuevamente hubo un trabajador muerto (asesinado) y un herido grave en esta industria cuyas condiciones laborales distan de ser seguras. De hecho, desde el 2013 hasta el mes pasado, han fallecido al menos 75 trabajadores en centros de cultivo, plantas y transporte de la industria del salmón.

Y a propósito de Magallanes y la Reserva Nacional Kawésqar, ahí Odebret también está alarmando sobre que Conaf y la Universidad Austral han recibido fondos de PEW Charitable Trust para los estudios del Plan de Manejo de esa reserva. La verdad es que alrededor de la mitad de las salmoneras de Magallanes son transnacionales, instaladas en y al borde de parques nacionales, (67% se encuentra en áreas protegidas, las cuales no se hacen problema hasta en hipotecar en bancos extranjeros) afectándolos seriamente ¡Y se molestan porque se tenga que recurrir a fondos internacionales (que acá no los hay) para hacer estudios (de esos que menciona el Relator ONU) para terminar con la "ley de la pesca a rio revuelto" de operar irresponsablemente en lugares desconocidos para la ciencia calificados como "ecoregión única a nivel mundial"! Sin duda, este es otro intento de intimidación, que seguramente vendrá acompañado con las típicas presiones y mentiras de esa industria que ya le conocemos, todo esto para acomodar el plan de manejo a su gusto.