La salud mental en Chile es (o debiera ser) un desafío de salud pública prioritario. Qué duda cabe que cuando los problemas de salud mental se dan en el contexto de un proceso penal, se transforman en un tema de la mayor trascendencia y, en los casos más graves, motivo para actuar con especial prontitud.

Sin embargo, el problema de la salud mental, y especialmente los mecanismos eficaces para dar respuesta estatal presentan una crisis notoria y prolongada, donde la legislación y la infraestructura actuales no logran dar una respuesta adecuada a las personas con padecimientos mentales graves que entran en conflicto con la ley.

El Sistema Penal Chileno aborda la salud mental principalmente a través del concepto de inimputabilidad, que exime de responsabilidad criminal a quienes, por un trastorno mental, carecen de la capacidad de comprender la ilicitud de sus acciones o de actuar conforme a esa comprensión en el momento del delito. Sin embargo, la implementación de este principio enfrenta serios problemas prácticos.

Uno de los puntos críticos es la falta de herramientas y, especialmente, de infraestructura y de recintos y personal especializado para abordar estas temáticas en los casos de patologías graves y de riesgo para las víctimas y los propios imputados.

Esto lleva a situaciones donde las personas con patologías mentales graves son internadas provisionalmente en recintos penitenciarios, los que no cuentan con las capacidades ni profesionales adecuados para su atención, incumpliendo su derecho a la salud física y mental garantizado por el Estado o, por otro lado, se les interna en recintos que carecen del personal y dependencias idóneas, exponiendo con ello no solamente al paciente, sino que también al personal de resguardo y a todos quienes deben utilizar de manera habitual dichas dependencias.

Pese a los ingentes esfuerzos por cambiar esta situación, tenemos esta asignatura pendiente, con severos retrasos en las evaluaciones psiquiátricas por falta de profesionales, largos tiempos de tramitación de las causas que deben tramitarse bajo el régimen legal especial de inimputabilidad y desarraigo familiar. Este es un serio problema especialmente en nuestra región, que carece de centros de salud mental, a excepción del Hospital Regional de Coyhaique, que cuenta sólo una Unidad de Corta Estadía, de baja capacidad de respuesta.

Necesitamos que se reconozca la salud mental como tema de solución indispensable, donde se garantice el acceso oportuno a evaluaciones psiquiátricas, donde se creen recintos especializados, distintos a las cárceles, para la internación y tratamiento de personas inimputables, asegurando una atención digna y terapéutica, en línea con los estándares de Derechos Humanos, como asimismo, seguir capacitando a jueces, fiscales y defensores/as en la comprensión de los trastornos mentales y sus implicaciones legales y sociales. Sólo así será posible avanzar hacia un sistema idóneo y respetuoso de la dignidad humana.