Desde el 24 de julio de 1823, Chile abolió la esclavitud, convirtiéndose en el primer país de América y el segundo en el mundo -después de Dinamarca- en decretar la libertad absoluta. Este principio se ha mantenido hasta hoy, incluso en la redacción de la actual Constitución, que en su primera línea establece: "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos". 

A la luz de esta historia, resulta inconcebible que, en pleno siglo XXI y dentro del territorio nacional, aún existan personas sometidas a formas de maltrato inhumano. Más aún si las víctimas son niños, como ha quedado de manifiesto en los dolorosos casos conocidos en los últimos días.

En el ámbito penal, la Ley 21.013 establece que quien maltrate corporalmente o de manera relevante, a un menor de dieciocho años, será sancionado con presidio en cualquiera de sus grados o con una multa de hasta cuatro Unidades Tributarias Mensuales (UTM), salvo que el acto constituya un delito de mayor severidad, como lesiones graves, homicidio o delitos vinculados a la privación de libertad. 

Además, la normativa señala que quien tenga un deber especial de cuidado o protección hacia un menor de edad y lo maltrate corporalmente de manera relevante o, no impida su maltrato, pudiendo hacerlo, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo, salvo que los hechos configuren un delito más grave aún.

Sin embargo, el maltrato infantil no se limita únicamente a los apremios físicos. También abarca el abuso psicológico y/o sexual que pueda sufrir la víctima, así como la desatención, negligencia y explotación comercial u otro tipo de prácticas que causen daño a su salud, desarrollo o dignidad, o que pongan en riesgo su supervivencia. En esta misma línea, la exposición a la violencia entre figuras parentales o de pareja, también se considera una forma de maltrato.

En el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el 25 de abril de 2024, UNICEF Chile advirtió un preocupante aumento en la violencia ejercida por cuidadores principales hacia niños, niñas y adolescentes. 

Según los datos de la Segunda Encuesta Nacional de Polivictimización, aplicada a estudiantes entre 12 y 17 años, este tipo de agresión pasó de un 35% en 2017 a un 39% en 2023. El mismo estudio evidencia un incremento aún más significativo en la violencia psicológica, particularmente en forma de insultos, que incrementó del 28% al 35% en el mismo período.

Lamentablemente, este año enfrentamos esta conmemoración con casos tan deleznables como los que ocupan los titulares de prensa estas últimas semanas.