La trágica muerte de un niño de 12 años, ocurrida tras una violenta encerrona, ha conmocionado al país y reabierto el debate sobre una eventual rebaja de la edad de imputabilidad penal. Se trata de un hecho de enorme impacto que vuelve a instalar interrogantes respecto del rol que hoy cumplen niños, adolescentes y jóvenes en delitos de alta connotación pública, así como de la capacidad del Estado para prevenir su incorporación a dinámicas delictivas cada vez más complejas.

Es comprensible que hechos de esta gravedad impulsen la búsqueda de respuestas legislativas. También resulta legítimo discutir si la normativa vigente entrega las herramientas suficientes para enfrentar una realidad que ha cambiado en determinadas zonas del país. Sin embargo, esa discusión debe considerar un elemento esencial: Chile presenta realidades territoriales muy distintas en materia de seguridad.

La región de Aysén es un ejemplo de ello. Afortunadamente, la participación de menores de edad en delitos violentos sigue siendo excepcional en comparación con otras regiones. Los fenómenos asociados a bandas organizadas, encerronas o delitos de alta connotación pública protagonizados por adolescentes no forman parte de la realidad habitual de nuestras comunidades. Esa diferencia no puede quedar al margen del debate legislativo.

Las leyes tienen un alcance nacional, pero también deben ser capaces de dialogar con las distintas realidades territoriales. En Aysén, junto con resguardar la seguridad, resulta prioritario seguir fortaleciendo la prevención, el acompañamiento familiar, la permanencia escolar y los programas de intervención temprana que eviten que niños y jóvenes ingresen al circuito delictual.

La discusión tampoco puede limitarse únicamente al endurecimiento de las sanciones. Cuando un adolescente participa en un delito, también corresponde analizar las condiciones sociales, familiares e institucionales que facilitaron ese camino. La reinserción y la rehabilitación continúan siendo herramientas indispensables para disminuir la reincidencia y ofrecer oportunidades reales de cambio.

Responder con firmeza frente a los delitos graves no debe significar estigmatizar a toda una generación de niños y adolescentes. Las políticas públicas deben distinguir entre las realidades que viven los distintos territorios y evitar soluciones uniformes para problemas que no se presentan con la misma intensidad en todo el país.

Aysén tiene mucho que aportar a esta conversación nacional. La experiencia regional demuestra que la prevención, el trabajo comunitario y el fortalecimiento de las instituciones siguen siendo factores clave para preservar una convivencia segura. Esa realidad también merece ser considerada al momento de legislar.

Las leyes deben proteger eficazmente a la ciudadanía, pero también construirse sobre evidencia, proporcionalidad y conocimiento de los territorios. Solo así será posible avanzar hacia una política de seguridad que combine justicia, prevención y una mirada que reconozca la diversidad del país.