Su preocupación por los recortes contemplados en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 manifestó la senadora por Aysén, Ximena Órdenes, quien anunció que no respaldará una propuesta que, según advirtió, reduce recursos fundamentales para pacientes con enfermedades de alto costo y para el funcionamiento de la red pública de salud.

Uno de los principales cuestionamientos de la parlamentaria apunta a la disminución del 14,5% en los recursos destinados a la Ley Ricarte Soto, mecanismo que entrega protección financiera a personas que requieren tratamientos de elevado costo. Según los antecedentes expuestos por la legisladora, el ajuste representa una reducción superior a los $28.200 millones.

"El proyecto de Presupuesto 2027 refleja una indolencia inaceptable con la salud pública. En la Ley Ricarte Soto vemos un recorte directo del 14,5%, que significa despojar al fondo de más de 28.200 millones de pesos", sostuvo Órdenes.

La senadora advirtió que esta disminución presupuestaria profundiza las dificultades que enfrenta el sistema para ampliar su cobertura, considerando que desde 2021 no se incorporan nuevas patologías al mecanismo de protección financiera.

En ese contexto, alertó sobre la situación de pacientes que esperan acceder a tratamientos para enfermedades como la atrofia muscular espinal, la acondroplasia y distintos cánceres metastásicos que requieren terapias avanzadas.

"Esto no solo frena el ingreso de patologías urgentes como la Atrofia Muscular Espinal (AME), la Acondroplasia o cánceres metastásicos con inmunoterapia avanzada, sino que congela completamente la entrada de nuevas enfermedades", afirmó.

A este escenario se suma, según denunció la parlamentaria, una disminución del 3,1% en los recursos del Programa de Prestaciones Institucionales (PPI), a través del cual Fonasa financia prestaciones de los Servicios de Salud y establecimientos hospitalarios. La reducción supera los $77.965 millones y genera preocupación por sus eventuales efectos en la atención de pacientes de todo el país, particularmente en regiones como Aysén.

"A esto se suma la tijera de casi 78 mil millones de pesos al Programa de Prestaciones Institucionales, golpeando directamente a la red de hospitales públicos que ya opera en el límite. Como senadora, no voy a respaldar un presupuesto que le quita recursos a las familias que enfrentan una enfermedad de alto costo", enfatizó.

Actualmente, la Ley Ricarte Soto contempla protección financiera para 27 patologías, mientras que el número de beneficiarios aumentó de 57 mil a 75 mil entre 2023 y 2025, de acuerdo con las cifras consignadas en los antecedentes entregados por la parlamentaria.

Frente a este escenario, Órdenes insistió en la necesidad de resguardar el financiamiento de los tratamientos de alto costo y de la red hospitalaria pública, situando ambos aspectos entre sus principales reparos a la propuesta presupuestaria para 2027.