Redacción, Diario El Divisadero
La discusión del proyecto de Sala Cuna Universal continúa generando diferencias en el Congreso, luego de que la senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes, cuestionara las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, advirtiendo eventuales efectos negativos en el financiamiento y en la calidad del sistema de educación inicial.
La iniciativa busca eliminar la actual restricción del artículo 203 del Código del Trabajo, ampliando el derecho a sala cuna desde la primera contratación, sin distinción del número de mujeres en las empresas, e incorporando a trabajadores independientes y otros grupos actualmente excluidos.
En lo esencial, la indicación sustitutiva elimina el límite de 20 trabajadoras, señalando que, desde la primera contratación, el empleador deberá garantizar el acceso a sala cuna. El beneficio no será solo para las madres, sino también para los padres y quienes tengan el cuidado personal de un niño o niña, fomentando que ambos adultos puedan compartir esa responsabilidad. Además, se cubre a trabajadores independientes que trabajen de forma independiente y coticen; también podrán acceder a este beneficio, incluyendo a trabajadores de casa particular.
"Me preocupa el modelo de financiamiento, que establece que se financie a través del 0,35% del seguro de cesantía de los trabajadores y trabajadoras. Son ellos quienes se hacen cargo del costo de la sala cuna. Es un tema que se está abordando en la Comisión de Educación y que, sin dudas, hay que revisar también en la Sala del Senado", sostuvo Ximena Ordenes. Sobre este punto, el Informe Financiero señala que con esta indicación del Ejecutivo habría balances negativos al sexto y séptimo año y escasa holgura al año 10.
"Las guarderías tienen que garantizar los mismos estándares que tienen hoy Junji, Integra o los jardines VTF. Al no tener reconocimiento oficial, a mi juicio se corre un riesgo de no garantizar la misma calidad en la educación inicial", sostuvo.
Asimismo, enfatizó la preocupación por el impacto territorial de la medida:"En zonas extremas, como la región de Aysén, la mayor parte de las localidades depende exclusivamente de la educación inicial pública. Excluir a Junji, Integra o VTF constituye un problema. Sala cuna universal, por supuesto, pero también calidad, igualdad de oportunidades y sostenibilidad en el tiempo", recalcó.
El proyecto, que tiene como objetivo ampliar el acceso a sala cuna y eliminar barreras de discriminación laboral, contempla además un aporte fiscal estimado en 11.631 UTM durante sus primeros años de implementación, equivalente a cerca de $10 mil millones en los dos primeros años.
La iniciativa, que tuvo origen en una moción parlamentaria presentada por la propia senadora Órdenes junto a otros legisladores, continúa su tramitación en el Senado en medio de un debate que cruza financiamiento, calidad y sostenibilidad del sistema.




















