La representante aysenina en el Senado, Ximena Órdenes Neira, se sumó a las criticas transversales a las iniciativas económicas incluidas en la denominada Ley Miscelánea del Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el Gobierno. Las medidas, que incluyen menos impuestos al capital, al patrimonio y a las rentas financieras, suponen un boquete fiscal, con beneficios concentrados en su mayoría en el 1% más rico y un bajo impacto probado en crecimiento o empleo.

Ordenes fue enfática en señalar que en torno a esta iniciativa hay una contradicción evidente. "Por un lado nos hablan de que existe una crisis fiscal y por el otro nos proponen bajar los impuestos a las grandes empresas", sostuvo, argumentando que "se plantea rebajar en 4 puntos el impuesto de primera categoría, eso significa que se va a bajar de un 27% a un 23%. Esto no es menor, estamos hablando de cientos de millones de dólares que se rebajan en la recaudación del Estado".

En total, las propuestas mencionadas son diez, la reducción temporal del impuesto a las donaciones (50%), repatriación de Capitales con tasa 8%, rebajar el impuesto de primera categoría del 27% al 23%, eliminación del impuesto a las ganancias de capital en la venta de acciones, integración del sistema tributario (100%), eliminación temporal del IVA a la vivienda, invariabilidad tributaria a la inversión extranjera, incentivo al empleo (subsidio 10%), crédito tributario a la generación de empleo formal y solo una con fines sociales, que contempla la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, para adultos mayores.

EFECTOS NEGATIVOS DEL BOQUETE FISCAL EN AYSÉN

La estimación del proyecto de ley cuantifica el efecto en una menor recaudación, aproximadamente ~1,5-1,8 puntos del PIB (unos 4.500 millones de dolares anuales menos). Lo que va en sentido contrario a lo que habitualmente impulsan las reformas tributarias; recaudar más para financiar el gasto fiscal, con el objetivo de promover una mejor distribución del ingreso fomentando una mayor equidad tributaria. Sobre este particular, Órdenes también fue enfática al afirmar que esta iniciativa miscelánea reduce la recaudación, con la excusa de promover el crecimiento económico y el empleo, pero sin sustento en la realidad, ni claridad de cómo.  

"Estamos hablando de una caída de la recaudación de a lo menos 4.400 millones de dólares al año, lo que impacta significativamente la sostenibilidad del gasto social, afectando de forma directa a las familias más vulnerables. Además, como lo señalan organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, no existen mecanismos de compensación y tampoco existe evidencia empírica suficiente que permita concluir que se generarán más empleos", manifestó la representante aysenina, que como le es habitual, tradujo este efecto a la realidad regional, asegurando que golpearía profundamente a Aysén. 

"Esta información es importante en particular para la región de Aysén, ya que depende mucho de la inversión pública. No queremos que tenga un impacto negativo en temas como conectividad, infraestructura, el acceso a la salud o la vivienda, entre otros aspectos. En definitiva, menos ingresos fiscales significa menos Estado donde más se necesita", indicó la legisladora, quien se mostró poco convencida de los supuestos incentivos a la inversión y el empleo de la propuesta miscelánea del Ejecutivo.