La semana pasada una verdadera tragedia se vivió en la cárcel de Coyhaique con la muerte violenta de dos internos y las lesiones graves que afectaron a otros. Toda muerte violenta es un acontecimiento doloroso y que, como sociedad, debe conmovernos, más aún si las personas fallecidas eran jóvenes de sólo 26 años de edad. 

Los motivos por los cuales se encontraban recluidos estos dos jóvenes, no pueden constituir un motivo ni antecedente que impida conmovernos ante estas trágicas y tempranas muertes.

El trágico final que, hace una semana atrás, tuvieron las vidas de Bastián y de Tomás es la historia que, casi de manera semanal, lamentablemente se vive en alguna cárcel chilena. Entre los años 2024 y 2025 más de 70 homicidios ocurrieron al interior de las cárceles de nuestro país. 

Nuestra realidad carcelaria, inevitable resultado de una política penitenciaria que se focaliza mucho más en la misión de vigilancia y custodia que en la urgente necesidad de reinsertar a quienes, más temprano o más tarde, saldrán nuevamente a vivir en sociedad; se caracteriza por una insoportable violencia cotidiana, la cual no puede sino verse incrementada ante crecientes niveles de hacinamiento. 

Lo anterior, de momento que resulta evidente que a mayor nivel de sobre poblamiento de las cárceles más ilusoria resulta la posibilidad de lograr una adecuada clasificación y separación de los internos, de acuerdo con su perfil y nivel de compromiso criminógeno. 

La verdad es que el derecho humano a la libertad, como asimismo el derecho a ser presumido y tratado como inocente, son garantías suficientes para alertarnos cada vez que resolvemos como sociedad enviar tras las rejas a una persona. Como si ello no fuera suficiente, el derecho a la vida, es también una contundente razón para cuestionar la prisión como la más adecuada respuesta estatal a todo comportamiento delictivo. No olvidemos que el Estado se debe al Ser Humano, en él encuentra su razón última de existencia y justificación. En ese sentido una obligación básica del Estado es proteger la vida de sus miembros, y no de algunos, sino que de todos, incluyendo, por cierto, a los que ha decidido poner tras las rejas. 

Si nos detenemos un segundo a pensar lo que estamos haciendo como sociedad al encerrar, en condiciones muchas veces infrahumanas, a nuestros ciudadanos nos daremos cuenta de lo cruel  e inútil que puede resultar, respecto de un porcentaje no menor de nuestra abultada población penal, el someter a dichas personas a un ambiente de cotidiana violencia donde, en los hechos, el real desafío no es quedar en condiciones de reinsertarse en la comunidad una vez cumplida la pena impuesta, sino que, simplemente, el lograr sobrevivir a ella.