Las investigaciones que involucran a autoridades públicas siempre generan preocupación en la ciudadanía. Más aún cuando se trata de representantes elegidos democráticamente, cuya principal responsabilidad es legislar y velar por el interés general. En ese contexto, el caso que afecta al senador Miguel Ángel Calisto ha vuelto a instalar en el debate público una inquietud que trasciende a una persona en particular: la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones y en quienes ejercen cargos de representación.

La formalización de una autoridad constituye una etapa relevante dentro de un proceso judicial, pero no implica una condena. Corresponde a los tribunales establecer responsabilidades, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia, principios esenciales de un Estado de Derecho. Del mismo modo, corresponde al Ministerio Público desarrollar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y presentar los antecedentes que estime pertinentes.

Sin embargo, más allá del desenlace judicial, este tipo de situaciones inevitablemente impacta en la percepción ciudadana respecto de la política y del Poder Legislativo. En un escenario donde la transparencia y la probidad ocupan un lugar prioritario entre las demandas de la población, cada investigación que involucra a una autoridad contribuye a profundizar el escepticismo y la desconfianza hacia las instituciones.

La comunidad espera que las investigaciones avancen con celeridad, independencia y absoluto apego a la ley. También espera que, cualquiera sea el resultado, las decisiones se fundamenten en pruebas y permitan despejar las dudas que hoy existen. La transparencia no solo exige sancionar cuando corresponde, sino también garantizar que quienes son investigados tengan la oportunidad de ejercer plenamente su defensa.

Chile necesita instituciones sólidas y confiables. Esa fortaleza no depende de la ausencia de investigaciones, sino de la capacidad del sistema para actuar con objetividad, sin presiones y con pleno respeto a las normas que rigen la convivencia democrática.

La credibilidad de las instituciones públicas es uno de los principales activos de cualquier democracia. Recuperarla exige coherencia, transparencia y una actuación firme frente a cualquier hecho que pueda afectar la fe pública. Pero también requiere evitar juicios anticipados y permitir que sea la justicia la que establezca la verdad.

Solo de esa manera será posible fortalecer la confianza ciudadana, resguardar el prestigio de las instituciones y seguir consolidando un sistema democrático donde la probidad, la responsabilidad pública y el Estado de Derecho sean principios que orienten el actuar de todos quienes ejercen funciones al servicio del país.