La reciente aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley (Boletín N° 17 163-03) que refuerza los estándares de seguridad en el turismo de aventura es un paso fundamental para la industria. Como profesional y académico del turismo sostenible, celebro esta iniciativa, pues marca un punto de inflexión necesario para consolidar a Chile como un destino de clase mundial, donde la calidad y la confianza sean el sello distintivo.

Este proyecto, ahora en el Senado, busca profesionalizar un sector que, si bien es una de las grandes fortalezas de nuestro país, a veces ha operado con un nivel de informalidad que expone a los visitantes a riesgos innecesarios. Su principal acierto es la institucionalización del "Sello R", transformándolo en un requisito obligatorio para los prestadores de servicios de aventura. 

Este sello no es una mera formalidad; es una declaración de compromiso con la seguridad, la capacitación continua y las buenas prácticas, que beneficia tanto al turista, que puede elegir con más información, como al operador responsable que ve valorada su inversión en calidad.

La ley también dota a Sernatur de mayores herramientas de fiscalización y sanción, incluyendo la facultad de clausurar servicios inseguros. Esto envía un mensaje claro a toda la industria: la improvisación ya no tiene cabida. Se promueve así una cultura de responsabilidad que eleva los estándares del sector en su conjunto.

Pero la implementación de esta ley no solo es tarea de las autoridades y los operadores. También genera un desafío y una gran oportunidad para el mundo académico. Las universidades y centros de formación técnica deben actualizar sus mallas curriculares para incluir la gestión de riesgo y la seguridad turística como asignaturas centrales. Los futuros guías deben formarse con estándares de excelencia, realizando prácticas en empresas certificadas y obteniendo las certificaciones necesarias desde su formación.

En definitiva, este proyecto de ley nos entrega una hoja de ruta para el futuro del turismo de aventura en Chile: una industria más segura, fiscalizada y profesional. El reto es convertir esta normativa en una ventaja competitiva que posicione a nuestro país como un referente global, no solo por sus impresionantes paisajes, sino por la excelencia y el profesionalismo de sus servicios.