Por años, las regiones australes de Chile han demostrado que el desarrollo productivo puede construirse lejos de Santiago. Entre fiordos, canales y territorios extremos, miles de personas han levantado comunidades, emprendido negocios y construido proyectos de vida gracias a actividades económicas que han permitido generar empleo, inversión y oportunidades donde antes había aislamiento.

La salmonicultura ha sido parte fundamental de esa transformación.

Gracias al trabajo de generaciones de trabajadores, emprendedores, proveedores y empresas, Chile se convirtió en el segundo productor mundial de salmón. No se trata de una cifra menor, es el resultado de décadas de esfuerzo, innovación y adaptación en territorios complejos, donde producir siempre ha sido más difícil y costoso que en el centro del país.

Durante mucho tiempo, algunos han querido centrar el debate sobre la salmonicultura en sus dificultades o en los errores que marcaron algunas etapas de su historia. Es una discusión legítima y necesaria. Toda actividad productiva debe aprender de sus experiencias y mejorar continuamente. Pero, también es cierto que la industria actual es muy distinta a la de hace treinta años.

Hoy estamos frente a uno de los sectores productivos más regulados y fiscalizados del país. Existe una extensa normativa ambiental, sanitaria y sectorial, junto con múltiples organismos encargados de supervisar su cumplimiento. La exigencia es alta y debe seguir siéndolo. La protección del medio ambiente y el desarrollo económico no son objetivos incompatibles; por el contrario, deben avanzar juntos.

El problema no radica en la existencia de regulaciones. El problema aparece cuando las reglas se vuelven inciertas, los procesos excesivamente lentos y las decisiones de las autoridades difíciles de anticipar.

Cuando una inversión demora años en obtener respuesta, cuando distintos organismos interpretan de manera diferente una misma normativa o cuando no existe claridad sobre cómo avanzar un proyecto, el resultado es siempre el mismo: menos inversión y menos empleo.

Y cuando eso ocurre, quienes más lo resienten no son las grandes compañías. Son las regiones. Por eso el desafío de fondo no es si queremos más o menos regulación. El verdadero desafío es construir una institucionalidad que entregue certezas.

Las regiones australes necesitan un Estado que fiscalice con rigor, pero también que sea capaz de promover el desarrollo. Un Estado que proteja el patrimonio natural que distingue a Aysén, pero que al mismo tiempo y junto con ello comprenda que el empleo y las oportunidades también son parte de la sostenibilidad.

En este aspecto, resulta interesante observar experiencias internacionales como la de Noruega. Allí existe una convicción transversal: el crecimiento económico y la protección ambiental deben avanzar juntos. Las autoridades, comunidades, academia e industria han construido una visión compartida de largo plazo respecto del papel estratégico que cumple la acuicultura en el desarrollo del país.

Noruega no es exitosa porque tenga menos exigencias ambientales. Lo es porque posee reglas claras, estabilidad regulatoria y una política de Estado que entrega señales consistentes a quienes invierten, innovan y generan empleo.

Chile tiene todas las condiciones para seguir siendo un líder mundial en la producción sustentable de alimentos. Cuenta con conocimiento técnico, empresas de nivel internacional, trabajadores altamente capacitados y regiones que han demostrado una enorme capacidad de desarrollo.

Lo que falta es una señal clara.

La discusión pública sobre el futuro de las regiones australes debería dejar atrás las falsas dicotomías. No se trata de elegir entre conservación o desarrollo. Tampoco entre comunidades o inversión. El verdadero desafío consiste en construir un modelo que permita proteger aquello que nos hace únicos mientras generamos oportunidades para quienes viven aquí.

Aysén necesita más empleo, más innovación, más emprendimiento y más oportunidades para que las nuevas generaciones puedan construir su futuro sin verse obligadas a migrar.

Para lograrlo, se requiere un Estado moderno, capaz de establecer reglas claras, procesos eficientes y una visión de desarrollo de largo plazo. Nuestras políticas públicas deben regular sin bajar estándares ambientales y sanitarios, pero mejorando el marco para dar el salto al desarrollo.

Con Noruega competimos en los mercados mundiales, pero la gran diferencia, es que en ese país el Estado asumió un papel relevante y fijó una ruta de crecimiento para la industria del salmón. Si en Chile ocurriera algo así, el resultado sólo hablaría de crecimiento. Porque si somos capaces de transformarnos en una potencia mundial del salmón desde la zona más austral del planeta, también podemos convertirnos en un ejemplo de cómo el desarrollo sostenible y el progreso regional pueden avanzar de la mano.

El Estado debe asumir un rol conductor de futuro en la industria del salmón porque el futuro de Aysén depende, en buena medida, de que entendamos una verdad simple: cuando las regiones crecen, Chile crece con ellas.