Una Defensoría Penal Pública Autónoma

Durante la semana pasada en Santiago, la Defensora Nacional, Verónica Encina, rindió la Cuenta Pública anual de la Defensoría Penal Pública frente a las más altas autoridades del país. En dicha ocasión, recalcó la urgencia y relevancia de avanzar para hacer realidad un profundo anhelo de la Defensoría Penal Pública: ser consagrada en nuestro país como una institución autónoma, no dependiente de quien ejerza el cargo de Presidente/a de la República.

Toda institución pública que en el quehacer cotidiano de su misión institucional puede, al menos potencialmente, incomodar a quien ejerce un cargo de poder dentro del aparato estatal, sólo puede cumplir su tarea a cabalidad en la medida que actúe con total autonomía e independencia, respecto de dichas autoridades. 

En ese sentido, si pensamos que muchas veces la Defensoría Penal Pública interviene en procesos penales defendiendo a quienes enfrentan querellas criminales presentadas por representantes del Poder Ejecutivo, resulta francamente complejo, si no derechamente imposible, dar una explicación plausible o lógica en torno al debido cumplimiento de la misión de defensa penal pública, en especial si el organismo llamado a realizar tal labor se encuentra en situación de dependencia con el titular de ese Poder del Estado.

Recordemos que, en el despliegue de una discusión judicial, más aún si es de tipo penal, es necesario que las contra partes en litigio se encuentren en una situación o condición de básica igualdad. Sólo de esa manera se podrá garantizar un juicio justo. Así las cosas, siendo la Fiscalía un organismo autónomo e independiente desde su nacimiento, hace ya 25 años, es incomprensible que aún no lo sea su natural contradictor, como lo es la Defensoría Penal Pública.

Sobre esta pretensión institucional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho presente que "teniendo en cuenta que el derecho a defensa es un derecho de la persona sometida a proceso, no resultaría admisible que dicha defensa pudiera ser puesta en riesgo como resultado de una línea de mando o presiones por parte de otros actores o poderes del Estado".

La dependencia de la Defensoría Penal con el Ejecutivo puede generar legítimas dudas en la confianza que la o el defensor debe inspirar en su representado o representada, considerando la dependencia orgánica que hasta el día de hoy tiene nuestra institución. Este tipo de dudas son las que la autonomía permitiría disipar, tal como acontece con los tribunales de justicia o respecto al Ministerio Público.

En ese sentido, incluso desde la perspectiva meramente formal y de imagen, la autonomía institucional de la Defensoría Penal Pública es un asunto de primera relevancia. En áreas tan delicadas como la administración de justicia penal, las características de cada organismo que participa en ella deben ser transparentes, coherentes y comprensibles para la comunidad.