La desaparición de personas y su posterior captación por redes de explotación constituye uno de los desafíos humanitarios más complejos de nuestro tiempo. En Chile, las recientes investigaciones del Ministerio Público por el paradero desconocido de decenas de menores de origen haitiano volvieron a instalar esta preocupación. Aunque aún no existen conclusiones judiciales sobre su destino, el caso deja al descubierto un problema de fondo: cuando el Estado pierde la trazabilidad de personas en situación de vulnerabilidad, aumenta el riesgo de explotación laboral, trata de personas y otras graves vulneraciones de derechos.

La incertidumbre que rodea estos casos no permite establecer vínculos directos con redes de trabajo forzado. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que el crimen organizado suele aprovechar precisamente esos vacíos de información. En contextos migratorios complejos, personas desaparecidas o no acompañadas pueden terminar incorporadas a cadenas de suministro aparentemente legítimas, donde su explotación permanece invisible durante años.

Diversos informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Fundación Walk Free han documentado cómo sectores con baja fiscalización, como la pesca industrial en algunas zonas del sudeste asiático o talleres textiles clandestinos, absorben sistemáticamente mano de obra migrante bajo condiciones de servidumbre o trabajo forzado. En estos escenarios, las auditorías tradicionales suelen resultar insuficientes, ya que revisan únicamente a los proveedores directos y no alcanzan a detectar subcontratistas informales o redes ocultas que operan en los primeros eslabones de la cadena.

Frente a esta realidad, las nuevas tecnologías comienzan a ofrecer herramientas capaces de complementar la fiscalización convencional. Durante 2026, el Foro Económico Mundial destacó distintas iniciativas basadas en inteligencia artificial para identificar riesgos de explotación laboral en tiempo real. Plataformas como forcedlabor.ai, desarrollada por la empresa Exiger, integran grandes volúmenes de información provenientes de registros aduaneros, transporte de carga, costos de producción y bases de datos sobre derechos humanos para detectar patrones que podrían pasar inadvertidos para una revisión humana.

El principal aporte de estas herramientas radica en su capacidad para identificar anomalías. Si una empresa declara niveles de producción incompatibles con el número de trabajadores registrados o con sus costos laborales, los algoritmos generan alertas que permiten focalizar las investigaciones. La inteligencia artificial no reemplaza la labor de fiscales, policías o inspectores, pero sí facilita una utilización más eficiente de los recursos disponibles.

La tecnología, por sí sola, no resolverá un fenómeno tan complejo como el trabajo forzado. Sin embargo, puede convertirse en un aliado relevante para recuperar la trazabilidad allí donde las organizaciones criminales buscan imponer la opacidad. En un escenario donde las cadenas de suministro son cada vez más extensas y globalizadas, fortalecer la transparencia ya no constituye únicamente una ventaja competitiva: es también una herramienta esencial para proteger los derechos humanos.